El presidente de Acorex cree “un farol” que vaya a haber una posible “escisión”

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    El asesor jurídico de la entidad, Pedro del Pino, ha explicado en una rueda de prensa en Mérida que está "plenamente resuelto" que la legitimidad del gobierno y la gestión de Acorex pertenece al Consejo Rector presidido por José Gregorio Traver.

    Ha detallado que la decisión de desconvocatoria de la asamblea general prevista para el 5 de diciembre "no fue una decisión personal" de Traver sino un acuerdo adoptado dentro de las reglas democráticas que debían acatar todos los miembros del Consejo Rector.

Todo queda pendiente de nuevo hasta la asamblea general del 30 de enero


    En relación a las decisiones que puedan adoptar las mayorías del capital de la cooperativa, ha apuntado que para ello existe la asamblea general cuya convocatoria está prevista para el 30 de enero 2014, y ha subrayado que, hasta ese momento, hay que respetar la legitimidad del actual Consejo.

    José Gregorio Traver ha aseverado que su Consejo Rector no ha estado parado durante estos siete meses sino que ha trabajado "mucho y en silencio".

    Sobre su continuidad en el cargo, pese a que los trabajadores han apostado por el Consejo Rector que salió el 5 de diciembre presidido por Manuel Rodríguez Corrales y que el Ejecutivo regional ha declarado ilegítimo, ha señalado que si el sentir de la mayoría es que se vaya no pondrá obstáculos.

    "Si estoy aquí es porque la gente quiera que esté y porque crean en este proyecto", ha apuntado, a la vez que ha considerado que piensa que es factible cambiar ese sentir y ha avanzado, sin dar fechas, que ya se ha acordado una próxima reunión.

    Traver se ha mostrado convencido de que no existe peligro de escisión en ACOREX y ha considerado que es un "farol total y absoluto" que las grandes cooperativas vayan a abandonar el grupo.

    El subdirector y, desde ahora, director general de ACOREX, Juan Ignacio Díaz, ha asegurado que la entidad trabaja en un Plan de Reestructuración y Viabilidad debidamente presentado para recibir apoyo financiero por parte del Ejecutivo regional a través de Avante.

    Ha detallado que se fundamenta en la reestructuración interna, la internacionalización y un proceso de desinversión, y ha recordado que Manuel Rodríguez Corrales fue miembro del Consejo Rector de José Gregorio Traver desde mayo de 2013, ya que esa asamblea fue "fruto del consenso".

    "Las mayorías son las que deciden, pero no puede ser una democracia y mayorías a la carta y si, además, se pone en grave riesgo la imagen del grupo y el dinero de los agricultores y ganaderos la situación es inadmisible", ha afirmado.

    En relación a los trabajadores, ha destacado que los socios, los accionistas y quienes tienen representación en el capital de una sociedad mercantil son quienes tienen que decidir sus órganos de presentación.

    Ha manifestado que desde el mismo día 3 de diciembre el Consejo Rector está trabajando en establecer un "diálogo sincero" con todas las cooperativas y ha indicado que han obtenido por respuesta un no.

    "A pesar de todo, desde la presidencia legítima de Acorex se ha decidido seguir abierto al diálogo, pero no con las personas que quieren imponer sino con aquellas cooperativas que quieren exponer sus ideas, siempre bajo el cumplimiento de lo que establece el marco jurídico", ha concluido.

ASAJA pide la intervención de la cooperativa

    Por su parte, ASAJA Extremadura ha urgido al Gobierno extremeño a que intervenga en la gestión de Acorex ante la situación "cada vez más difícil de resolver" que atraviesa el mayor grupo cooperativo agrícola de la comunidad.

    En un comunicado, recuerda que la decisión del Gobierno extremeño de declarar ilegítima la asamblea que eligió al consejo rector presidido por Manuel Rodríguez Corrales no es de carácter judicial, sino administrativa, aunque supone la legitimación política del actual Consejo Rector, que preside José Gregorio Traver.

    Sin embargo, ASAJA entiende que el fallido consejo de Rodríguez Corrales tiene la legitimación social de los trabajadores, de las cooperativas que representan mas del 80% de la producción y de casi la totalidad de las organizaciones agrarias.

    "Cuando se produjo la resolución político-administrativa, esperábamos que se pusiera fin a la situación y se instrumentalizase un proceso de dialogo. Pero sucedió todo lo contrario", ha advertido Asaja, quien ha indicado que José Gregorio Traver, "en vez de tender la mano al dialogo y a la responsabilidad saco lo más bajo de sus instintos, y al más puro estilo de la camorra siciliana prometió vendetta a los precursores del relevo", dice la nota.

    "No entendemos, cómo este escenario mas propio del "chavismo bolivariano sea el mas idóneo para sacar adelante este gran grupo cooperativo, y sobre todo cuando estamos poniendo en riesgo la economía de mas de 6.500 agricultores de nuestra región", añade el comunicado.

    Por otra parte, ASAJA considera necesaria una "vigilancia extrema sobre las posibles actuaciones que el actual y legitimado políticamente Consejo Rector de Acorex tuviese a decidir, no fuera a suceder que se provocase un quebranto patrimonial importante en los intereses de la Cooperativa".

    Igualmente rogaría que las decisiones se tomen en base a criterios técnicos y económicos y no de injerencia política como hasta ahora ha sucedido con una incesante presión por parte de Izquierda Unida, denuncia Asaja en la nota.

    "Nosotros creemos que cuanto más tiempo se deje pasar va a ser peor, debido fundamentalmente a la falta de dialogo del actual Consejo Rector y es por ello por lo que solicitamos en virtud de lo establecido en la Ley de Cooperativas de Extremadura la intervención directa del Gobex en la gestión de Acorex", concluye.

UPA-UCE reclama que "no se deje caer"

    Asimismo, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha hecho un llamamiento al Gobierno extremeño para que "no deje caer" a la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) debido a su "importancia" económica y social dentro de la comunidad. A preguntas de los medios sobre la decisión del Gobierno extremeño de declarar ilegítima la asamblea que eligió al consejo rector presidido por Manuel Rodríguez Corrales , Huertas ha dicho que la administración autonómica debe "dejar de hacer de notario" en este proceso y preocuparse de solucionar "los problemas económicos". En su opinión, la administración debe realizar un "esfuerzo" económico, pero también de todo su aparato administrativo, para llegar a un "planteamiento de viabilidad" para Acorex y ha pedido "responsabilidad" y "entendimiento" a todas las partes.

    Ignacio Huertas cree que los enfrentamientos "no son buenos", que hay un problema de liderazgo y legitimidad "evidente y manifiesto" y que se deben buscar fórmulas de entendimiento "si es posible".

    Ha indicado que el consejo rector inicial estuvo funcionando durante diversos meses y que nadie les había trasladado ninguna problemática, pero hoy las cooperativas más importantes muestran su rechazo claro a esa gestión.

    Por ello, ha mostrado su "preocupación" ante este proceso por la "importancia" desde el punto de vista económico y social de la entidad en Extremadura, cuyo sector agrario "no se entendería" sin Acorex.

    Para Huertas, Acorex es "insustituible" en la comunidad por su importancia para la agricultura y los pueblos extremeños.

El Gobex pide que se abra un debate "de proyecto, no de personas"

    Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha subrayado que el debate sobre Acorex no debe ser de personas, ni de pequeñas o grandes cooperativas, sino de proyecto, para que la mayor empresa de la región sea viable y competitiva.

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha hecho una llamada a la unidad, a la búsqueda del interés general y al respecto a la legalidad vigente tras el conflicto interno abierto por la presidencia de la cooperativa.

    Aunque ha asegurado que algunos están por todo lo contrario, ha considerado que debe de haber un punto de encuentro y "no contempla", ha insistido, en un escenario de desacuerdo.

    Teniente ha enviado un mensaje de tranquilidad a los 6.000 cooperativas y al millar de trabajadores porque la Junta buscará el interés general. Conoce muy bien la ley de cooperativas y, sobre todo, el plan de viabilidad de la empresa, que cuenta con 10 millones de dinero público, ha precisado.

    El Gobierno regional no está hablando de personas, según Teniente, que ha preguntado si ha habido algún cambio en los responsables de Acorex con la llegada del PP a la Junta.

    "Se produce un cambio cuando se pone encima de la mesa un plan de viabilidad que exige una nueva gestión" y que surge tras la petición de fondos públicos, ha aclarado.

(Foto: www.hoy.es)