El Gobierno, que obviamente no entra a valorar la repercusión de la reforma fiscal, reconoce que en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (RETICOM) figuran actualmente 85 explotaciones agrarias, incorporadas a un ritmo creciente, liderado por Castilla y León, que cuenta con casi el 40% de las explotaciones. Así, del único alta que se produjo en 2011 se pasó a 28 en 2012 y 35 el año pasado. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han dado de alta 24 agricultoras.
En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que desde 2012 y hasta ahora se han ejecutado las acciones a que obligaba la ley: se ha puesto en marcha el RETICOM, se da un trato preferente a estas explotaciones en materia de subvenciones, formación y asesoramiento; y se han llevado a cabo actuaciones de difusión de la titularidad compartida de forma coordinada con las comunidades autónomas, con otros ministerios y con las organizaciones de mujeres rurales, y también a través de los medios de difusión del Gobierno.
El Magrama esparará aún para hacer un ‘balance’ oficial
No obstante, recuerda que en la propia norma se fija que el primer análisis de sus efectos se realizará a los tres años de su implantación, que se cumplirán el próximo mes de octubre.
"Es por tanto, en este plazo cuando se realizará una evaluación de sus resultados y se propondrán, en su caso y a la luz de sus resultados, las modificaciones que se estimen pertinentes", insiste el Gobierno, que informa de que el Ministerio de Agricultura ya ha empezado con los trabajos de seguimiento del registro para "sopesar si la ley ha alcanzado sus objetivos".
Unos objetivos que aún quedan lejanos dado que cuando se aprobó la ley por unanimidad del Congreso en octubre de 2011, el Gobierno socialista preveía que se vieran beneficiadas de la titularidad compartida cerca de 100.000 mujeres rurales.
Y es que en aquel momento el 72% de las explotaciones agrarias familiares estaban exclusivamente en manos de los hombres, a pesar de que el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas, sin consolidar por ello derechos.
(Foto: Efeagro. Laura labrador)