Según ha informado el PSOE extremeño, estos robos afectan a viviendas aisladas, fincas, tanto de productos agrarios o de ganado, como de aperos y maquinaria, o en las propias infraestructuras, como material metálico de las acequias o el cableado.
A su juicio, no se tratan de hurtos de alimentos, sino de delincuencia organizada mediante bandas especializadas, de gran movilidad y en ocasiones de gratuita violencia que buscan objetos, cosechas, vehículos agrarios o ajuares domésticos para su reventa en zonas alejadas de la del delito.
Para el PSOE, la disminución de efectivos de las fuerzas de seguridad y especialmente de la Guardia Civil en zonas rurales está teniendo como consecuencia "una sensación de desprotección en esta población, un clima de psicosis", además de formas de vigilancia y autodefensa.
También añade que la normativa legal de seguros agrarios no contempla este tipo de riesgos como asegurables, lo que obliga a contratarlos en el mercado privado no subvencionado, suponiendo un sobrecoste difícil de trasladar a los precios de los productos.
Ante esta situación, el PSOE entiende que la respuesta del Gobierno "no puede ser más torpe y más reveladora de su incapacidad de reaccionar", intentando "un apagón estadístico" para que no se pueda medir el aumento de los robos, y un "apagon parlamentario" dando respuestas evasivas cuando se le interpela sobre tales datos.
Añade que en Extremadura, como en otras partes del país, el gobierno anterior estableció un plan, con cuarenta agentes más en la región, que se dedicaban específicamente a este tipo de delitos, y con la colaboración de las unidades del SEPRONA y de Tráfico.
El PSOE propone un plan que incluye volver a dotar de suficientes agentes y de nuevos medios materiales todo el territorio afectado, un nuevo diseño del Plan de Seguridad anterior con evaluaciones trimestrales por provincias.
También propone un sistema de acuerdos con las corporaciones locales para la colaboración de las policías locales, una mejora de la prevención mediante la captación de información y elaboración de sistemas de inteligencia específicos y aumentar las inspecciones sobre el mercado de reventa de bienes, entre otras medidas.
Asimismo, piden los socialistas, modificar la legislación de seguros agrarios para incorporar estos riesgos entre los subvencionables.
15.000 robos denunciados el pasado año
Por oyro lado, cabe recordar según han indicado los propios socialistas, que el año pasado hubo más de 15.000 sustracciones en el campo, decenas y decenas de casos al día. La situación, lejos de mejorar, ha ido en aumento, según denuncian las organizaciones agrarias que sostienen que estos delitos han crecido hasta un 30 por ciento en algunas zonas.
Organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos alertan de que en algunas zonas ese aumento de casos se ha disparado hasta el 150 por ciento. Ante esta situación (se ha detectado a organizaciones criminales dedicadas al nuevo negocio), el PSOE ha exigido al Gobierno una respuesta nacional inmediata, a través de una proposición no de ley con diez propuestas.
El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, y el portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, concretaron hace unso días sus medidas en cuatro puntos: más guardias civiles en el mundo rural; un nuevo plan de seguridad específico en el que puedan participar los afectados; vigilancia concreta con un plan de intervenciones periódicas de inspección para comprobar la venta de productos del campo y el material e incluir el riesgo de robos en explotaciones agrarias en el Plan nacional de seguros agrarios y, por tanto, tener acceso a los seguros subvencionados por el Ministerio.