España está sin Presupuestos a la espera de que se prorroguen los actuales o haya un nuevo Gobierno que pueda aprobar las nuevas Cuentas. Sin embargo, no sólo es el Ejecutivo central el que se encuentra en esta situación, ya que varias CCAA siguen sin tener cerrados sus propios Presupuestos lo que ha desatado la alarma de que este retraso puede provocar que se bloqueen las ayudas de la PAC que se debería empezar a pagar desde el 16 de octubre.
La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha sido la primera en dar la voz de alarma y se ha dirigido a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, para que informe de cómo va a influir, en el pago de ayudas pendientes de su departamento, la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016 de 27 de septiembre, publicada en el BOCYL el miércoles 5 de octubre.
el retraso no afectará a las ayudas directas pero sí a otras medidas de la PAC cofinanciadas por los estados miembros
Dicha orden, en su Artículo 8, establece que “a partir de la entrada en vigor, no se podrán remitir a las intervenciones para su fiscalización, expedientes de aprobación de gasto con imputación a los capítulos de inversiones reales, transferencias corrientes y transferencias de capital con cargo al presupuesto 2016”. Si bien dentro de las excepciones se encuentra la “Sección 31 Política Agrícola Común”, esta partida se refiere a las ayudas directas financiadas al cien por cien por Bruselas, pero no a otras medidas de la PAC cofinanciadas por los estados miembros.
ASAJA considera que el cierre del presupuesto decretado por Pilar del Olmo ha cogido de improviso a Agricultura, y conllevará un nuevo retraso de todas las líneas de ayudas pendientes, fundamentalmente los programas agroambientales –que incluyen la ayuda a la remolacha de 2015-, las ayudas a la modernización de explotaciones, y las ayudas a la incorporación de jóvenes al campo.
Se dejarían así de pagar partidas de las que ya en pleno verano anunció el abono inminente la consejera Milagros Marcos. También afectaría esta medida a las ayudas comprometidas para el seguro agrario –que acumulan importante retraso–, los pagos de la campaña de saneamiento ganadero, y a las inversiones que ejecuta la consejería de Agricultura, entre otras materias, en concentraciones parcelarias y modernización de regadíos.
ASAJA responsabiliza a la Junta de Castilla y León de «dar bandazos en sus directrices políticas, de cambiar las reglas del juego a mitad de partido, y de obligar a improvisar a los empresarios agrarios, cuando éstos lo que necesitan es estabilidad y certidumbre para poder tomar las decisiones más acertadas en la gestión de las explotaciones».
Asimismo, ASAJA recuerda a las consejerías de Agricultura y de Hacienda que la morosidad de las administraciones públicas termina poniendo sobre las cuerdas a quienes de una forma u otra dependen del presupuesto público –y el campo depende en un tercio de su renta–, y que el problema se agrava cuando los precios y las cosechas no son favorables, como es el caso.