El sector agrícola pide que la ley alimentaria prohíba la venta a pérdidas del lineal

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    Herrero recordó que sector agrario, cooperativo, la patronal alimentaria (FIAB) y la de las grandes marcas (Promarca) han presentado enmiendas conjuntas para fortalecer este proyecto de ley, que debería acabar con las distorsiones en las relaciones comerciales que actualmente "eliminan la inversión y la innovación" y "ponen en peligro la supervivencia" de explotaciones agrarias.

    Entre las demandas cooperativas, Herrero ha pedido la obligatoriedad de los contratos por escrito para todas las transacciones comerciales de más de 2.000 euros o donde no se pague al contado; que se prohíba la posible modificación, con carácter retroactivo, de las condiciones de los mismos tras la imposición de los compradores o que éstos apliquen "discriminación" entre marcas comerciales.

    Exigen un régimen sancionador para todas las prácticas abusivas, especialmente para la venta a pérdidas, y que también se consideren como tales los incumplimientos en los plazos de pago a proveedores.

ASAJA pide contratos por escrito

   Sobre la venta a pérdidas, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha remarcado en el Congreso que "no queremos un BOE con precios fijados por decreto ley" y recordó que hay varios informes de comunidades autónomas que recogen los costes de producción de manera objetiva, que se podrían utilizar como referencia para las operaciones.

   "No puede ser que las cebollas se paguen al productor a seis céntimos y luego se encuentren en el lineal a 40 ó 50. Algo falla", ha subrayado Barato, quien reclamó contratos por escrito obligatorios, un código de buenas prácticas comerciales, acabar con la modificación unilateral de los contratos, con la vulneración del pago a proveedores de perecederos e imponer sanciones "eficaces".

COAG denuncia un diferencial del hasta 450%

   El secretario general de COAG, Miguel Blanco, también ha denunciado "el abuso de posición" dominante de la gran distribución, que ha provocado que los agricultores cobren precios "de hace veinte años" y los consumidores paguen un diferencial del 450%.

    Se incumplen las legislaciones actuales sobre competencia desleal, comercio minorista y morosidad y "ni siquiera la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) está actuando", ha espetado Blanco, quien coincide en demandar contratos obligatorios en compra-ventas y acabar con las ventas a pérdidas,  los períodos de cobro ilegales, las subastas a ciegas, descuentos injustificados y pagos atípicos.

    Ha calificado además de "escándalo" que un litro de leche cueste 0,49 euros en el lineal cuando el agua cotiza a 0,56 euros.

UPA: "Hay margen para un reparto más equitativo"

    El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos ha aportado su propia experiencia para denunciar los abusos: como agricultor, recibió la liquidación de 30 céntimos por kilo de fruta, el mismo producto que en los puntos de venta cuesta más de dos euros.

    "Hay margen más que suficiente para un reparto más equitativo" de los beneficios en la cadena alimentaria, apuntó Ramos, quien denunció en el Congreso cómo la gran distribución vende con pérdidas leche o aceite porque las traslada a los productores del campo.

    "Para ellos son gotas de pérdidas en un océano de beneficios" que sí le aportan los otros artículos que comercializan en sus centros.

    También ha calificado de "vergonzoso" que Carrefour venda estos días leche de su marca por 55 céntimos el litro en España -país deficitario- y a 97 en Francia -excedentario-, según ha matizado.

    Y el aceite cotiza tan poco en el lineal -dice- que al olivarero le sería rentable comprar la botella en el hipermercado, vaciarla en sus cisternas y volverla a vender y "todavía ganaría dinero".

    "La ley de comercio minorista y la de competencia desleal prohíbe la venta a pérdidas pero no se cumple por falta de precisión en la norma o de control administrativo", ha aclarado Ramos, quien pide que se le considere como práctica abusiva cuando induce a error al consumidor, banaliza un producto o marca o persigue eliminar competidores del mercado, tal y como plantea en un informe la CNC.