El cierre de las instalaciones supondría la pérdida de más de 4.200 empleos, entre directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales, ha cuantificado.
Además, se dejarían de tratar más de 2,5 millones de toneladas de purines, cuya contaminación equivale a la de las aguas residuales de una población de 3,5 millones de habitantes, según ADAP.