El Senado aprueba la ley de Medio Ambiente que reforma la ley de Aguas

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EFE.- En total, la norma supone la reforma de cuatro leyes (Agua, Biodiversidad, Residuos y Mercado de Valores) y ha sido aprobada tras rechazar el Senado los vetos que socialistas y Entesa han presentado por entender que la norma supone una "involución".

El texto, que será remitido al Congreso, ha sido aprobado por los votos del mayoritario Grupo Popular, que no ha aceptado ninguna de las 147 enmiendas de los grupos Mixto, Vasco, Entesa, CIU y Socialistas.

El proyecto reforma la Ley de Aguas para centralizar las competencias hidráulicas en materia sancionadora, regular las aguas subterráneas, preservar como principio fundamental la unidad de cuenca y incentivar la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de agua a derechos concesionales.

En cuanto a la modificación que se hace de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se unifican en un sólo instrumento las distintas figuras protectoras y de gestión de los espacios protegidos que hasta ahora existían, con el fin de evitar solapamientos.

En materia de residuos, el proyecto cambia, entre otros, el sistema de notificaciones de traslados e introduce modificaciones relativas al Sistema de Depósito Devolución y Retorno, un sistema cuya necesaria implantación han defendido hoy la mayoría de los grupos de la oposición, y cuya puesta en marcha, según el Grupo Popular, costaría 800 millones de euros.

En la Ley de Mercado de Valores el cambio que se introduce tiene el objetivo de permitir que España pueda participar en el sistema de subastas de derechos de emisión de CO2, que se va a implantar en Europa

Durante el debate, el Grupo Mixto ha pedido un calendario más acelerado para la supresión de las bolsas de plástico, y PNV y CIU han criticado que el proyecto se tramite por la vía de urgencia sin buscar los consensos necesarios.

Entesa y el Grupo Socialista han rechazado los cambios que supone el nuevo texto en política de aguas por considerar que se trata de una "apuesta por la mercantilización" y han coincidido en señalar que el texto rebaja la conservación medioambiental, rebaja que ha negado el Grupo Popular tras defender que la norma apuesta por el desarrollo sostenible.