Según Kinst, cuando la UE alienta a las empresas a reducir proporcionalmente sus fondos destinados a la promoción, termina subvencionando en parte los costes de las mismas, lo cual "no supone un uso eficiente del dinero público".
Aseguran que no hay información para demostrar os resultados de las ayudas
Los auditores constatan además que "no se dispone de suficiente información" como para demostrar los resultados de las ayudas en cuestión.
En el caso de los apoyos a la promoción, dicen que aunque la fiscalización llevada a cabo ha demostrado el crecimiento de las exportaciones en términos absolutos, "los vinos de la UE han perdido cuota de mercado en los principales terceros países objetivo de las acciones de promoción y han aumentado las exportaciones de vinos no subvencionables".
Los países de la UE gastaron 522 millones de euros procedentes de los fondos europeos para acciones de promoción entre 2009 y 2013.
En el periodo 2014-2018 el importe se elevará a 1.156 millones de euros, un presupuesto que según el Tribunal podría haber sido fijado "en un nivel demasiado alto, poniendo en peligro la aplicación de los principios de buena gestión financiera".
Sobre las ayudas a la inversión, los auditores recomiendan a la Comisión Europea que haga un seguimiento de la absorción de los fondos y que analice la necesidad de esas medidas, valorando si el sector del vino necesita ayudas adicionales en comparación con otros sectores agrícolas.
Deberán demostrar que el dinero no se destina a costas operativos ordinarios
En cuanto a las medidas de promoción, el Tribunal señala, entre otras conclusiones, que la normativa debería impedir que un beneficiario presentara en cada periodo un programa de promoción destinado a los mismos países.
También considera que los países deberían exigir a los beneficiarios demostrar su necesidad de recibir un apoyo de la UE y que el dinero "no se destina a costes operativos ordinarios".
Indican que la CE debería pedir a los Estados miembros que evalúen con más detalle los resultados de los proyectos y que Bruselas tendría que analizar, pasado un tiempo, si el presupuesto para programas nacionales de apoyo entre 2014 y 2018 satisface las necesidades del sector y la capacidad de absorción de los países.
A partir de ahí, añade el informe, habría que "reajustar el presupuesto en caso necesario".