La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo para pedir amparo ante “la grave situación de indefensión” a la que aseguran que ha llevado la Junta a los agricultores ecológicos de la región.

Así lo ha asegurado la plataforma en un comunicado, en el que ha recordado que tres de sus miembros se reunieron el pasado 5 de julio con el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, quien “prometió” contar con el colectivo a “revisar las posibles modificaciones del Plan de Desarrollo Rural (PDR) a cambio de discreción”.

Sin embargo, desde entonces se les ha “negado” la documentación que han pedido y tampoco se les ha convocado a las reuniones en las que se han tratado las modificaciones del PDR relacionadas con la agricultura ecológica, según han denunciado públicamente.

Piden que la CE dirima “si existe un presunto incumplimiento de la reglamentación comunitaria de las ayudas a la agricultura ecológica”

Y han agregado que la documentación solicitada “también se la están negando al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se la ha requerido en dos ocasiones”, debido al recurso interpuesto por la plataforma a la modificación de la Orden por la que se regulan las ayudas a la Agricultura Ecológica en la región.

El expediente administrativo de la disposición general es necesario para “poder contrastar lo presupuestado en el PDR anterior y el actual, así como los pagos finales realizados”, según la plataforma, que considera que así se “aclararía si realmente hay una falta de presupuesto, que fue por lo que el Gobierno regional modificó dicha Orden”.

Ante esta situación, la plataforma ha denunciado a la Consejería de Agricultura ante la Comisión para que dirima “si existe un presunto incumplimiento de la reglamentación comunitaria reguladora de las ayudas a la agricultura ecológica”.

De igual forma se ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que intermedie ante la “prepotencia” demostrada en este asunto por el Gobierno de Castilla-La Mancha, según la misma fuente.

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