Un emotivo y masivo funeral ha despedido este lunes 23 en Lleida a los dos agentes rurales que murieron el sábado pasado tiroteados por un cazador, en un día en que se ha hecho evidente el malestar de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno por la reclamación de la Generalitat del control de armas.

Cerca de 700 personas, entre ellos más de 200 agentes Rurales, han asistido en Lleida al funeral por los agentes tiroteados en Aspa (Lleida), quienes han sido objeto de silenciosos homenajes, entre ellos en el Parlament, en las sedes de CCOO y en Vacarisses (Barcelona), donde reside el presunto autor del doble crimen.

Los políticos aprovehan el incidente para abrir una pugna por responsabilidades y competencias

Al funeral, que ha culminado con la liberación de dos halcones peregrinos por parte de los hijos de los fallecidos, han acudido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Jordi Jané, además de numerosos mossos d’esquadra, bomberos de la Generalitat y guardas forestales, entre otros representantes de cuerpos de emergencia del gobierno catalán.

La muerte de los agentes, a quienes el cazador tiroteó presuntamente con una escopeta para la que carecía de permiso, ha dado paso a una nueva polémica después de que el conseller Jané reclamara que la Generalitat asuma el control de armas y explosivos, en manos de la Guardia Civil.

Jané afirmó también que la Guardia Civil “tiene que hacer su trabajo de comprobar que las personas que tienen licencia de armas las pueden tener, y para esto hay una serie de pruebas que en teoría y sobre el papel se tienen que hacer”, unas declaraciones que han causado “malestar”, según fuentes policiales, al obviar que en el proceso también interviene la administración autonómica.

Cuando se aprueba, por parte de la Guardia Civil, un alta o renovación de un permiso de armas, el solicitante debe presentar previamente una licencia de caza o de actividades cinegéticas cuya expedición depende del Departamento de Agricultura, así como un certificado médico-psicológico de un centro médico homologado por la Generalitat, según han recordado estas fuentes.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha exigido perdón a Jané por intentar obtener “rédito político” con la muerte de los dos agentes rurales y le ha acusado de faltar al “respeto” de los agentes del cuerpo encargados del control de los permisos de armas.

También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recriminado el “oportunismo” y la “utilización” política de la Generalitat, especialmente cuando España se encuentra al nivel 4 de alerta antiterrorista, y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha afeado a Jané su “falta de responsabilidad”.

La reclamación del conseller ha suscitado también la reacción del Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien ha considerado “de mal gusto” que se cuestione el “excelente trabajo” de la Guardia Civil.

Por su parte, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido la dimisión del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por sus “insinuaciones” con “mala fe” sobre la Guardia Civil, al anunciar que abrirá una investigación para analizar los criterios empleados por el instituto armado para conceder permisos de armas.

La de Jané no ha sido la única reivindicación al hilo del suceso: también los Agentes Rurales han aprovechado para reclamar que se desarrolle el reglamento de armas del cuerpo y se regule la forma en que deben interactuar con los cazadores, garantizando su seguridad.

 

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