Empresas de alimentación y hostelería rechazan la subida de impuestos del FMI

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     Han añadido que tampoco tienen en cuenta que las características socioeconómicas de España no se asemejan a las del resto de los países vecinos europeos, lo que impide asumir nuevas medidas impositivas.

Las anteriores subidas sólo provocaron una caída del consumo


     Han recordado que, tras la subida del IVA en los años 2010 y 2012, la caída media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes fue de un -6,7%, lo que supone un "claro impacto en la línea de flotación de la economía española y pone en peligro la recuperación económica y el empleo".

     A su juicio, una reforma que se articule en base a incrementos de fiscalidad indirecta tendría un efecto devastador no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas.

     Una reclasificación del IVA del 10 al 21% podría reducir un 9,3% la renta disponible de los hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros, han señalado.

     Según sus datos, los productos gravados al 10% suponen más del 64% del total del gasto, y entre ellos se incluyen productos básicos de cesta de la compra.

Un gasto anaul por personas de 600 a 800 euros al año


     De aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podría enfrentarse a un gasto anual adicional estimado entre los 600 y 800 euros, un aumento que pondría en peligro la estabilidad del binomio consumo-turismo que tan importante es para el conjunto de la economía española, han resaltado.

     Han considerado urgente impulsar una reforma global del sistema tributario, "puesto que se trata de una medida realmente necesaria y evitaría la reclasificación, que no sólo no estimularía el consumo, sino que lo coartaría de forma clara".

     También creen urgente garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal, que según distintos estudios comparativos representa entre el 18,6 % y el 22,8 % del PIB, una cifra superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno.

     Según sus cálculos, el coste fiscal de esta economía sumergida ronda los 72.000 millones de euros y casi el 7 % del PIB, y el refuerzo de la lucha contra el fraude podría tener un efecto recaudatorio mucho mayor que cualquier subida de impuestos y vendría acompañado, además, de una mayor credibilidad y justicia social.

     Si esta bolsa de fraude se redujera a la mitad, que son los niveles de países de nuestro entorno en términos de PIB, se lograría una reducción inmediata de más de 3 puntos del déficit actual, han señalado.