Endeudamiento y Financiación en el sector agrario

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     Tradicionalmente el sector agrario ha sido estimado como un sector de bajo riesgo desde el punto de vista de la concesión de crédito, con una tasa de los llamados “dudosos” (de dudoso cobro) que en el período previo a la actual crisis económica generalizada, se mantenía en niveles ligeramente por encima del 1 % y con un crecimiento sostenido del crédito concedido.

     Incluso a lo largo de la recesión presente, durante la cual su tasa de dudosos ha crecido hasta alcanzar el 8,55% en el tercer trimestre, el sector agrario ha sido un mejor pagador de sus deudas que el resto de actividades económicas, cuya tasa de dudosos es del 16,56%.

     Sin embargo, paradójicamente, el crédito disponible para el sector agrario, que se ha situado en el tercer trimestre del 2012 en 20.852 millones de euros, se ha reducido en un 20,5% desde 2008, mientras que el crédito disponible para el conjunto de los sectores se ha constreñido bastante menos, en concreto un 12,8%.

    De la misma manera, conviene resaltar que la negativa evolución de la renta agraria, en estos últimos años, ha llegado a equiparar prácticamente el valor del endeudamiento agrario, con el de la renta agraria; incluso habiéndose convertido en la tónica general desde el 2008, que la deuda supere la renta del sector.

    Ello evidencia que, efectivamente y en particular en determinados sectores,  como el vacuno de vocación láctea y en general los ganaderos, el aumento de la morosidad puede deberse a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones que, en algunos casos, dificultan o imposibilitan atender la deuda.

     No obstante, en la realidad puede constatarse que agricultores y ganaderos podríamos  superar su situación de impagos con unos mecanismos de refinanciación de su deuda y de las condiciones de la misma adecuados a un sector, como el agrario, con vocación de buen pagador, con un asentamiento sólido de la actividad y con una parte de ingresos asegurados por el paquete de ayudas agrícolas.

      Este análisis pone de manifiesto el escasísimo impacto de las limitadas medidas puestas en marcha con anterioridad  y la necesidad de poner en marcha un Plan de Financiación específico para el Sector Agrario.

     Ello contribuiría a proporcionar una mayor estabilidad financiera a las explotaciones agrarias cuya actividad se ha revelado en medio de la presente crisis casi como un endemismo económico capaz de soportar empleo, al menos con un ritmo de destrucción menor que en otros sectores, y de sostener los buenos resultados de la balanza comercial alimentaria (prácticamente el único dato positivo que puede señalarse en el conjunto de la economía).   

Dicho Plan de Financiación debería considerar las siguientes cuestiones:

                                         – Entidades Públicas de Financiación.-

     En la actual crisis, las entidades públicas de financiación existentes o bien se han comportado como entidades financieras privadas o bien han seguido trabajando con sus líneas de financiación tradicionales sin contemplar especificidades que habrían sido convenientes para facilitar a las explotaciones agrarias el acceso al crédito.

     Se propone, por lo tanto, la creación o adaptación de una entidad financiera pública, o bien de una rama financiera específica dentro de los instrumentos públicos ya existentes, que haga posible el acceso a las  opciones financieras necesarias para desarrollar en el siglo XXI la actividad agraria y las complementarias de transformación y comercialización de la producción y de diversificación de la actividad.

     Financiación para las explotaciones.-

    Es poco razonable que las explotaciones agrarias, con una tasa de créditos dudosos, muy por debajo de la media general, encuentre, sin embargo, mayores dificultades para acceder al crédito que otros sectores. Ello afecta muy negativamente, tanto a la financiación del circulante (imprescindible en una actividad cíclica como es la agraria), como a la financiación de las nuevas iniciativas e innovaciones que podrían redundar en creación de empleo y mejora de la productividad.

    Las restricciones al crédito la sufren con mayor gravedad los agricultores profesionales, cuyos ingresos y rentas dependen fundamentalmente de los resultados de su explotación. Por lo tanto, han de removerse los actuales obstáculos y obligaciones extracontractuales ligadas al crédito y movilizar los recursos presupuestarios precisos para que los agricultores profesionales puedan disponer, de las mejores condiciones de acceso a todas las líneas de financiación pública directa o mediante los oportunos convenios con las entidades financieras.

     Empresas en crisis.-

     Aún en situaciones económicas no críticas, en el sector agrario no son infrecuentes desequilibrios coyunturales o sectoriales derivados de fenómenos climáticos, enfermedades y plagas o alteraciones de los mercados.

     Al margen de reivindicar mejoras en los mecanismos de previsión de riesgos en el seguro agrario y de regulación de los mercados en el marco de la Política Agrícola Común, se ha puesto en evidencia en estos últimos años que éstos no han sido suficientes para dar respuesta a crisis graves surgidas en algunos sectores.

      Por lo tanto, se ha de disponer permanentemente de instrumentos eficaces que ayuden a paliar estas situaciones de crisis (financiación, ayudas de mínimis, ayudas de reestructuración y rescate de empresas en crisis, etc.), por lo que debería plantearse dotar al sector agrario de una nueva ley para el rescate de empresas en crisis basado en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de rescate y reestructuración de empresas en crisis (2004/C 244/02).

     Secciones de crédito de las cooperativas.-

     En estos últimos años, la situación de los impositores de varias secciones de crédito de cooperativas agrarias afectadas por malas gestiones e irregularidades han contribuido a desprestigiar esta pieza fundamental de la financiación del mundo rural donde está implantada. En este sentido, se deben salvaguardar y actualizar la regulación y control de las secciones de crédito de las cooperativas con la finalidad de asegurar tanto su viabilidad como los derechos de los impositores.

     En resumidas cuentas podemos concluir que el sector agropecuario sigue siendo, aun en crisis, de los que menos impaga sus deudas.

     Que es un sector que puede proporcionar crecimiento del empleo en amplias zonas del país donde no existen otras alternativas posibles si cuenta con financiación abundante y a precios similares a la de nuestros competidores europeos.

     Por último recordar que somos un sector que tenemos capacidad de exportar y continuar mejorando la balanza de pagos de nuestro país que bien lo necesita. Por lo tanto corresponde a las autoridades competentes – y así se lo hemos hecho saber- poner en marcha las medidas que aquí se proponen, no estando por nuestra parte cerrados en absoluto a otras que puedan conseguir los objetivos descritos.