La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida que instruye la causa por el presunto fraude de subvenciones contra la organización agraria UPA-UCE Extremadura ha ampliado la investigación a tres años más y ahora se centra en el periodo 2010-2015.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado este viernes 18 a Efe que ellos centraron el caso en el 2013 porque era la fecha indicada en la denuncia interpuesta por un agricultor, pero ahora se les ha requerido también investigar los años 2010, 2011 y 2012.

Además, el Juzgado ha solicitado a la Junta de Extremadura que remita todos los expedientes de esas subvenciones tramitadas por UPA-UCE del 2010 al 2015.

De esta forma, el entramado tipo “carrusel” que denunció la Guardia Civil y llevó a la detención de siete personas, entre ellos los dirigentes Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, que siguen en prisión provisional, podría haberse realizado durante al menos seis años.

El dinero que obtuvo UPA-UCE con este procedimiento de financiación ilegal durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA-UCE, según informó la Guardia Civil tras la denominada operación “Tellus”, que se desarrolló los pasados días 2 y 3 de noviembre.

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