España sumó el 20% de las deudas por mala gestión de la PAC, según Tribunal

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EFE.- El documento se centra en las irregularidades en el reparto de las ayudas que se conceden en el marco de la Política Agraria Común (PAC) y en cómo las administraciones recuperan el importe de estos subsidios.

En total, entre 2006 y 2009 los Estados aumentaron sus deudas en 795 millones de euros debido a irregularidades en la gestión.

Detrás de España se encuentran Francia, con un 19 por ciento del total de deudas; Italia, con un 15 por ciento, y el Reino Unido, con un 9 por ciento.

La UE destina cada año unos 55.000 millones de euros a subsidios agrícolas, de los que una buena parte se otorgan indebidamente por culpa de "solicitudes irregulares o incorrectas", informó el Tribunal.

En el periodo analizado, el Tribunal de Cuentas descubrió 492 casos de irregularidades, por un valor de 7,3 millones de euros, en los que las administraciones habían iniciado demasiado tarde el proceso de recuperación, la mayoría en España.

Concretamente, entre 2004 y 2006 en Andalucía se dieron 252 de estos supuestos, en los que la Junta de Andalucía dejó pasar cuatro años -el tiempo máximo antes de que el caso prescriba- entre el momento en que conoció la irregularidad y el momento en que emprendió medidas.

Además, se han dado casos en los que los beneficiarios han logrado eludir el reembolso de subsidios que ya habían cobrado, y que posteriormente fueron revisados a la baja.

El Tribunal cuantifica en 37,9 millones de euros la cifra total de estas ayudas, de las cuales la UE podría haber recuperado 18,9 millones si se hubieran aplicado correctamente las normas.

La Corte culpa de ello a la Comisión Europea, por sus directrices poco claras en la materia y por "no ha actuado a su debido tiempo para corregir la situación".

Asimismo, el texto habla de una auditoría llevada a cabo por la Comisión que revela importes que habían sido mal calculados y que podrían ser "objeto de corrección".

En total, estos casos sumaron ayudas por un valor de 27,2 millones de euros en ocho estados miembros, entre ellos España.