España defenderá que «las ayudas directas deben seguir teniendo un papel muy relevante en la reforma de la PAC, como el que tienen ahora», según ha señalado Fernando Miranda Sotillos, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, quien también ha dejado claro que el sector debe ser capaz de justificar que desde la agricultura es posible cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático.
Rechazo claro a la propuesta de eliminar el pago verde porque representaría la pérdida de ese dinero
«Debemos ser capaces de explicar a la sociedad que es útil, que cumple una función y que hay que seguir manteniéndolos», enfatizó Miranda en una jornada celebrada en Sevilla, porque estos pagos directos representan nada menos que el 30 por ciento de los ingresos que perciben los agricultores. Por ello, instó a los agentes del sector a empezar «desde ya a defender con argumentos qué es lo que queremos en el futuro».
Miranda también hizo referencia a las corrientes que han aflorado en Bruselas de cara al primer documento de reforma de la PAC y que directamente reclaman eliminar el pago verde o greening «porque el efecto medioambiental de estas ayudas no sirve para nada, 0 ésa es la música que se está oyendo», señaló el director general del Mapama.
En este sentido, dejó claro que su eliminación no supondría derivar esos fondos a otras partidas de la PAC sino que se perderían, precisó, de ahí la defensa que España hace por mantenerlas a pesar de que las nuevas medidas de flexibilización propuestas en este apartado incluyen puntos que han sublevado a los productores españoles.
En relación a la también polémica prohibición del uso de fitosanitarios en las superficies de interés ecológico productivas, Miranda dejó claro que «nuestra primera posición fue de rechazo», aunque reconoció que finalmente pesó más que para España las ayudas del greening supongan más de mil millones de euros –que no se quieren perder– y que apenas representa un 5 por ciento de la superficie que nuestro país declara.
Otros dos aspectos que también pueden afectar a España, aunque en menor medida, es el permiso para mezclar semillas en los cultivos fijadores de nitrógeno y el permiso a los Estados miembros para diferenciar el periodo de diversificación a nivel nacional o regional. Son propuestas que se plantearon en diciembre de 2015 que están en discusión y que entrarían en vigor en 2018 de aplicarse.
Con el Brexit «se va un amigo de la austeridad y un enemigo de la PAC, pero dejará una reducción del Presupuesto»
En cuanto al Brexit, Miranda destacó que «se va un amigo de la austeridad y un enemigo de la PAC pero su marcha cambia los equilibrios internos de la UE. No es posible conocer en qué condiciones se producirá el nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la UE tras su salida», indicó el alto cargo del Ministerio, explicando varias posibilidades, como la de los acuerdos con Noruega. El Brexit, señaló, puede suponer una reducción del 5% en la PAC, considerando que el Reino Unido viene aportando más fondos de los que recibe.
Por otro lado, el pasado septiembre la Comisión Europea lanzó el paquete Ómnibus, proyecto legislativo que forma parte de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 y que afecta a una quincena de reglamentos, entre ellos la PAC, que se aplicaría también a partir de 2018. Aquí se incluye dar la opción a los países de aplicar o no los criterios de agricultor activo (perceptores que tienen actividad agraria), eliminar la limitación de pagos complementarios a los jóvenes agricultores y desacoplar temporalmente ayudas a la producción ante desequilibrios del mercado.
Ya en España, entre las principales novedades del Real Decreto de las ayudas directas para 2017, en fase final de tramitación, Miranda destacó que el aspecto más relevante es el relativo a la figura del agricultor activo –tiene que demostrar que al menos el 20 por ciento de sus ingresos proceden de la venta de sus productos–. España mantendrá esa exigencia y serán las comunidades autónomas las que harán un control más exhaustivo en el caso de que existan dudas de si detrás de un beneficiario de la PAC hay un productor real.
Otros cambios menores aluden a la fecha de inscripción o autorización de nuevas variedades y parámetros técnicos ligados a la ayuda acoplada al ganado ovino y caprino, la prórroga de un año más de la ayuda a los frutos de cáscara y la flexibilización de requisitos de jóvenes agricultores.
A est respecto, Miranda Miranda la necesidad de vincular la agricultura y la ganadera con la defensa del medio ambiente. «Quitarlo sería una catástrofe ambiental», concluyó.