España salva el cheque agrícola, zanja la guerra del agua y acelera la exportación en 2013

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    Los problemas tan habituales en el medio rural han sido menores que en años anteriores, la ganadería "ha mejorado un poquitín" y los sectores agrícolas "también, en general", agregan fuentes agrarias.

   La reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2014-2020 no contentó a todos, porque no se adaptaba a la realidad productiva, territorial y social de España, aunque la flexibilidad que se da a los Estados y los presupuestos en plena crisis han acabado por diluir el descontento: un cheque de 47.000 millones de euros, que aseguran entre el 20-50 % de la renta de los productores.

Enfado agrario al ser "rehenes" de la guerra de precios

   Sin embargo, los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente despertaron las críticas de organizaciones agrarias, arreciaron las protestas de los agricultores al considerarse "rehenes" en la guerra de precios de la distribución y pesaron los altos costes de producción, especialmente los de la energía.

   Entre los grandes hitos legislativos, el Gobierno aprobó las leyes "estrella" de mejora de la cadena de valor e integración cooperativa, las más importantes de los últimos años para el sector.

   La primera, que intenta corregir la asimetría en el poder de negociación que supone la existencia de 30.000 empresas frente a 9 grupos de distribución, ha sido todo lo ambiciosa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia permitió.

La exportación bate records y se consolida de cara al futuro

   La segunda aboga por cooperativas con dimensión internacional, en un momento en el que España bate récords en exportación: en los primeros nueves meses crecieron un 4,9% hasta 28.000 millones, con un saldo positivo de la balanza comercial de 5.632 millones.

   El 25 % de los alimentos "made in Spain" se venden al exterior, lo que sitúa a España en el octavo exportador mundial, con sectores líderes como frutas y hortalizas, aceite, vino, porcino o conservas.

   El Gobierno ultima un ambicioso plan de internacionalización de las empresas alimentarias -primavera de 2014- para favorecer aún más la exportación, a lo que ayudará el reciente compromiso de los 160 países de la Organización Mundial del Comercio para eliminar trabas.

El fin de las aceiteras rellenables

   Entre otras decisiones sectoriales, destacó la prohibición de las aceiteras rellenables en el canal de la hostelería -muy bien acogida por el sector oleícola, no así por la restauración-, así como el apoyo a la promoción de éste y otros productos, como los lácteos, en el intento del Ejecutivo de revalorizarlos y mitigar la precaria situación por la que han atravesado muchas granjas de vacuno.

   El año se despide, además, con el lanzamiento por Bruselas del programa Horizonte 2020, con una dotación de 80.000 millones para 7 años y todos los sectores, lo que ofrece grandes oportunidades para los agrícolas, ganaderos, agroalimentarios y pesqueros españoles.

   Para las empresas agroalimentaria, 2013 estuvo marcado por la crisis de Pescanova, multinacional cotizada cuya insolvencia hizo saltar las alarmas al destaparse todo un entramado de deudas ocultas y de facturas falsas que han atrapado a la banca y a los inversores.

   Grandes compañías como Campofrío han protagonizado un ejercicio en el que el origen de su accionista de referencia ha pasado de ser estadounidense a chino y  mexicano.

   La crisis de Panrico y las ventas de algunas de empresas de Nueva Rumasa, como Trapa, a grupos industriales que las van a reflotar han sido otros protagonistas destacados.

La distribución se prepara para la ley de la cadena alimentaria

   La distribución, que ha dejado atrás la guerra de precios de años anteriores, prepara motores para la entrada en vigor de la ley para la mejora de la cadena agroalimentaria, mientras sigue reclamando una mayor libertad de horarios; los formatos de proximidad más pequeños y la mayoría en régimen de franquicia han sido la válvula de escape de las cadenas para mantener sus ventas.

    En cuanto a la pesca, 2013 ha sido importante por la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y de las ayudas para 2014-2020, negociadas en la Unión Europea (UE); estos acuerdos cambiarán la gestión de los caladeros, con medidas como la obligación de descargar todas las capturas en puertos para evitar descartes de peces o exigencias para que la actividad sea más "sostenible".