Esta ha sido una de las conclusiones que la organización agraria ha anunciado tras hacer un balance del año que acaba y sus previsiones de cara al que está a punto de comenzar.  Así, La ALIANZA exige a la Consejería de Agricultura de cara al 2015 "un compromiso firme en defensa de los acuerdos de comunidad firmados y recogidos en varios documentos donde se detalla la prioridad absoluta que se dedicará a los profesionales ATPs en todas las políticas agrarias".

Confiaza ante el nuevo año por la Ley Agraria y la figura del mediador

     En este sentido, la organización confía en que los PDR para Castilla y León "no sean un coladero en el que entren beneficiarios que no son profesionales agrarios y que responden al modelo de absentistas y agricultores de sofá, amparados bajo el término de activos que ha aprobado la Comisión Europea y que ha aceptado con sumisión el Gobierno central".

      También de cara al 2015, la ALIANZA UPA-COAG va a emprender medidas en defensa de los ganaderos de vacuno de leche d "que han sufrido el fraude de las preferentes del campo español, al venderles en su día el Gobierno central una cuota láctea que ahora se les expropia".

     Por otro lao, el 2015 será un año importante para el sector agrario regional en cuanto que tendrá que desarrollarse reglamentariamente la Ley Agraria.  Además exigirá que se ponga en marcha con plenitud de funciones al mediador en la cadena alimentaria para que se equilibren los márgenes comerciales en la composición de los precios.

     De igual modo, seguiremos reivindicando por un lado la modificación de los contratos con las eléctricas para que se tenga en cuenta la temporalidad, y por otro lado una solución a la concesión de nuevos sondeos por debajo de 7.000 metros cúbicos al año, cuya prohibición actual está impidiendo instalarse a cientos de emprendedores de nuestra comunidad autónoma.

    Respecto al año que ya acaba, LA ALIANZA UPA-COAG lamenta que el 2014 se cierre con los pagos pendientes del PDR del 2013 y que se cuantifican en más de 100 millones de euros que aún a día de hoy no han percibido los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

2014: Del "escándalo" de las Cámaras Agrarias a la aprobación de la PAC

    Igualmente el 2014 finaliza "con la dejación de funciones por parte de la Consejería de Agricultura en relación a las Cámaras Agrarias de la región. A pesar de haber una Ley Agraria que es muy clara al respecto sin embargo lejos de aplicarse una liquidación responsable y ordenada de las mismas, el descontrol y la venta del patrimonio de algunas de ellas, como es el caso de Segovia, puede calificarse como de absoluto escándalo".

    En lo que respecta al balance sectorial del año que está a punto de finalizar, para La ALIANZA cabe destacar la mala cosecha y los bajos precios del cereal, así como los desastrosos precios sufridos en el sector de la patata. En el sector ganadero destaca que se ha sufrido un año "desigual, puesto que mientras en el ovino y caprino los precios han sido aceptables, en el vacuno de leche la incertidumbre en relación a las cuotas lácteas ha marcado los últimos meses". El sector porcino ha sufrido un año muy malo a nivel de precios, mientras que el buen año de pastos ha minorado los costes de producción en todos los sectores ganaderos.

    Asimismo, destaca que el año acaba con la confirmación de que se ha aprobado una reforma de la PAC 2015/2020 "que favorece a las grandes explotaciones y a los agricultores de sofá sin tener en cuenta las propuestas de Castilla y León sobre las priorización absoluta que deben recibir los profesionales ATPs en las políticas agrarias".   

     También, en su opinión, cabe destacar del año 2014 las manifestaciones protagonizados por la ALIANZA UPA-COAG en contra de la aplicación de una reforma de la PAC lesiva para los intereses de los verdaderos profesionales ATPs de nuestra comunidad autónoma.

     De igual modo hemos realizado distintos actos de protesta por los impagos del PDR y contra el `tarifazo eléctrico´, y hemos sido especialmente reivindicativos a la hora de recurrir la decisión del Ministerio de Agricultura en relación al porcino ibérico.  

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