Extremadura insta al Estado a considerar sus alegaciones a la norma del ibérico

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   Para ello, a su juicio, la norma debe clarificar al consumidor el producto, con el fin de que no le vendan cerdos de rejilla por ibérico, y defender a los productores.

    La diputada socialista Ana Soguer, que ha criticado al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, por este asunto, ha señalado que aunque se han recogido algunas alegaciones extremeñas al "infumable" primer borrador, aún quedan aspectos por mejorar.

    En este sentido, ha abogado por reducir las categorías de nueve a dos, basadas en la alimentación, ibérico de bellota y de cebo, además de prevenir el fraude y prestigiar el sector.

    Soguer ha advertido de que, si el borrador no se rectifica, habría que plantearse la salida de la norma.

    El diputado popular Diego Sánchez Duque, al que tampoco le convence el segundo borrador, ha pedido a la parlamentaria socialista que no le eche la culpa a los "herederos", ya que ha preguntado qué resultado dio la norma anterior.

    En línea con los reclamaciones de Soguer, ha pedido la salida del cerdo de rejilla de la norma y que el consumidor sepa el origen del animal, ya que en Extremadura de cada 100 criados, 80 se transforman fuera.

    El sector no se pone de acuerdo y es el Ministerio de Agricultura el que está buscando el consenso, según Sánchez Duque, que también ha valorado el esfuerzo de la Administración extremeña.

    Antes, el Parlamento de Extremadura ha instado al Gobierno de España a adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales, y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente a ellas.

    La propuesta de pronunciamiento presentada por el PSOE ha contado con el apoyo de IU, mientras que el PP se ha abstenido.

    El objetivo recaudatorio que persigue esta ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la justicia y puede convertirse en un impedimento para la obtención de tutela judicial efectiva, según los socialistas.

    La diputada socialista María Ascensión Murillo ha asegurado que la ley es injusta, porque consagra una justicia para ricos y para pobres, y porque supone una pérdida de derechos