Extremadura rechazará cualquier recorte presupuestario en la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) y el establecimiento de una “tasa plana” en la concesión de las ayudas, y defenderá, por contra, el establecimiento de un tope de subvención por explotación según su superficie.

Así lo ha manifestado este martes 18 el director general de la Política Agraria Comunitaria del Ejecutivo regional, Javier Gonzalo, que ha comparecido ante la Comisión de Políticas Agrarias de la Asamblea para informar sobre los objetivos de la próxima PAC, que se aplicará a partir de 2020.

Defiende un tope de ayudas según la superficie “que no penalice el empleo”, poniendo como excepción el caso de las cooperativas

Tras destacar que la postura de Extremadura es fruto del consenso del sector, ha rechazado “cualquier recorte” presupuestario para así garantizar la renta de los agricultores, “que sigue sin converger con el resto de sectores productivos”.

En concreto, se ha mostrado contrario al establecimiento de una tasa plana en la concesión de las ayudas sin tener en cuenta las particularidades de cada explotación, al tiempo que ha defendido un tope de ayudas según la superficie “que no penalice el empleo”, poniendo como excepción el caso de las cooperativas.

“Europa debe decir si quiere que las ayudas vayan a los verdaderos agricultores o a las multinacionales”, ha manifestado el director general en este sentido.

La lucha contra la despoblación, la protección de la cadena alimentaria, “que debe tener un marco común y no reglas nacionales” según Gonzalo, y utilizar el instrumento de reserva de crisis para resolver los problemas de precios marcarán también la postura extremeña.

La apuesta por el relevo generacional, el fomento de la economía social en el medio rural y la concesión de ayudas a sectores vulnerables deben también ser contemplados en la nueva PAC que, ha afirmado Gonzalo, debe recoger una definición “más rigurosa” de la figura del agricultor “genuino”.

Tras subrayar que debe ser “comunitaria” para evitar la “nacionalización” que persiguen algunos países, ha hecho un llamamiento a “aunar esfuerzos”, después que tanto PP como Podemos le hayan recriminado que no se haya contado con los grupos parlamentarios en definición de la postura extremeña ante el nuevo marco que se abre en la política agraria.

La oposición coincide en pedir que no se baje el presupuesto y que se prime al agriCULtor activo

La portavoz parlamentaria de la formación morada, Irene de Miguel, ha reclamado una PAC “mucho más fuerte” ante la deslegitimación social que, a su juicio, sufre la actual, en la que un millar de perceptores recibe el 40 por ciento del total de las ayudas.

Ha detallado al director general las propuestas de su grupo en esta materia, entre ellas, que a los dos pilares actuales -ayudas directas y desarrollo rural- se sume un tercero dedicado a los mecanismos de regulación del mercado y respuestas a las crisis.

Entre otras propuestas ha defendido el mantenimiento de la figura del agricultor “activo”, “esencial” para quienes se dedican al campo a tiempo parcial; el fin de los derechos históricos, “que han sido un lastre”, y el apoyo de la incorporación de la mujer al sector agrario con medidas más allá de la cotitularidad de las explotaciones.

Por el PP, la diputada Auxiliadora Correa ha considerado como “prioridades” el mantenimiento de los pagos directos y de las ayudas acopladas y ha rechazado el establecimiento de una tasa plana, al igual que la socialista María Teresa Macías, que la ha tildado de “injusta”.

La diputada del PSOE ha exigido además un sistema de precios “objetivos” y de costes de explotación para, a partir de ahí, establecer medidas de intervención y ha abogado, entre otras propuestas, por recuperar la cofinanciación del Feader.

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