Para el presidente de FEAGAS, la primera consecuencia que tiene esta norma de calidad del porcino es que “potencia la claridad, la trazabilidad y la transparencia del sector y, por consiguiente, proporciona una mayor información a los consumidores que, en todo momento, van a saber ante qué producto se encuentran antes de comprarlo”.
“Siempre pensando en el consumidor –añade-, y en aquellos productores que optan por una producción más selectiva, en cuanto a raza, y de calidad, es muy importante y conveniente diferenciar los productos derivados de animales cuyo manejo y alimentación sea también diferente. El sistema permite producir como cada ganadero quiera, en función de su mercado, pero también permite al consumidor saber exactamente lo que compra, por medio de una diferenciación de las etiquetas”, señala en un comunicado.
“Cada productor es libre de trabajar de la forma que crea oportuno; sin embargo, por medio de esta norma el consumidor tiene información suficiente para conocer qué tipo de producto está comprando”, ha especificado.
“Con la aplicación de esta norma se espera que los productos del cerdo ibérico vuelvan a ocupar el sitio que les corresponde dentro de la gastronomía española”.
Para José Luis Urquijo es importante, también, en aras de esa mayor claridad para el consumidor, que el número de denominaciones se hayan reducido de ocho a cuatro y que haya una etiqueta de color diferente que resalte a primera vista, sin tener que leer en muchas ocasiones la letra pequeña de la etiqueta, ante qué tipo de producto nos encontramos.
Creen que el consumidor pueda no entender la nueva norma
Por su parte, la directora de la marca de garantía Ibéricos de Salamanca, Raquel Soria, ha expresado el temor de la organización que dirige por la forma que tendrá el ciudadano "de entender" la nueva norma del ibérico. En declaraciones a Efe, la directiva de esta marca que engloba a empresarios del sector de Salamanca ha reconocido que en la nueva norma "figura más o menos lo que se pedía desde Castilla y León".
Sin embargo, respecto al tratamiento que se da en el etiquetado al factor racial, que debe ir a un 75 por ciento del tamaño de la denominación del producto, esto "puede llevar a error al consumidor".
Soria ha insistido en que la mayoría de los jamones ibéricos puros "no llega al dos por ciento" y están en Andalucía, por lo que "a Castilla y León no debe perjudicar tanto". En su opinión, "se ha exagerado en un principio las conclusiones a las que se ha llegado", aunque ha indicado que "lo que de verdad importa es que se cumpla".
La directora de Ibéricos de Salamanca también ha reconocido que la norma recoge las reclamaciones presentadas desde Castilla y León, como que se dieran tres años de plazo para que se adaptaran las explotaciones intensivas o que "no afectara al producto que esté en fase de elaboración".
Por todo ello, ha pedido tiempo "para ver cómo reaccionan los consumidores" y conocer la postura de la Junta de Castilla y León, en la reunión de la Mesa del Porcino que tendrá lugar mañana en Salamanca.