UPA Andalucía no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar la enhorabuena a Gema Hernández Maroñas, por su designación como nueva directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). También quiere “desearle una buena gestión en el cargo y logros positivos para todos los implicados en la cadena alimentaria, especialmente para el más débil, el sector productor”.

La AICA es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, encargado de supervisar y velar por unas relaciones comerciales justas entre agricultores y ganaderos, industrias de la alimentación y empresas de distribución del sector agroalimentario.

Según datos suministrados por la propia Agencia, a lo largo de 2017, el 75% de las sanciones que esta entidad ha impuesto, se dirigieron a la industria alimentaria y a la distribución. Estas cifras dan una clara idea de las prácticas abusivas que, desde su posición dominante, llevan a cabo las grandes corporaciones, según manifiesta UPA Andalucía: “Los más perjudicados de estas acciones antiéticas que rozan la ilegalidad, suele ser el eslabón más frágil de la cadena: los agricultores y ganaderos.”

CONSIDERAN NECESARIO introducir un mediador, regular la venta a pérdidas

La organización considera que “la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria consagró la contractualización obligatoria, pero no es posible que, siendo un requisito obligatorio, sean muy pocos los agricultores y ganaderos que en estos primeros años de vigor de la Ley hayan ligado la venta de sus productos a la firma de ese contrato. Reconocemos el esfuerzo y labor de la AICA en el control del cumplimiento de la legislación, pero no es suficiente. El Gobierno Español debe reforzar el papel de la AICA, para que nadie se escape al cumplimiento de la Ley”, ha declarado el secretario general, Miguel Cobos.

Desde UPA Andalucía demandamos mejoras como “la necesidad de introducir un mediador, regular la venta a pérdidas y que aparezca reflejada en la Ley como práctica desleal, fijar precios mínimos ligados a los costes de producción. Es preciso implantar un régimen sancionador y medidas cautelares que eviten perjuicios al agricultor o ganadero, además de hacer públicas las sanciones con carácter ejemplarizante”, ha declarado Cobos.

Asimismo, la organización agraria exige que, desde la UE, se aumente el peso de los productores en la cadena de valor, facilitando normas que mejoren el reparto y la organización colectiva de los agricultores, estableciendo marcos jurídicos sobre competencia, autorregulación y cadena alimentaria uniformes y claros a nivel europeo.

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