EFE.- Según han informado las tres entidades, se ha remitido un escrito al Ministerio en el que se pide la inclusión tanto de la superficie que hasta la fecha no ha recibido pagos como la que ya lo hacía.
Entre las razones, han destacado la necesidad de eliminar las distorsiones competitivas que existen actualmente entre agricultores que producen frutas y hortalizas con derechos de pago único y los que no.
Han apuntado que limitar el acceso a los pagos en España supondría crear desventajas competitivas frente al resto de los principales productores comunitarios que sí podrán hacerlo y participarían en los mercados en condiciones más favorables.
Han insistido en que el sector hortofrutícola es el más relevante de la agricultura española en valor de producción y de empleo, pues genera la mitad del empleo agrario y es uno de los capítulos que más aportan a las exportaciones totales españolas, con el 5,8 % del total en 2012.
Además, han añadido que su inclusión apenas supondría el aumento del 2,5 % sobre el total de superficie que se considerará elegible en el nuevo modelo.
En este sentido, han recordado que sólo 550.000 hectáreas, del millón y medio que ocupa el sector, no cuentan en la actualidad con ayudas directas, por lo que el impacto de su entrada en el global sería, a su juicio, "muy limitado".
"Más si cabe si se considera la elevada importancia económica, social, ambiental, etc. de las producciones generadas en esa superficie", han apuntado.
Las tres organizaciones creen que limitar la entrada del sector en los pagos directos supondrían "minusvalorar" su importancia económica y "romper con el espíritu de la reforma de la PAC que se ha planteado, que persigue una convergencia progresiva de la ayuda base entre estados miembros y agricultores activos".