El ministro de Agricultura de Francia, Didier Guillaume, y 42 organizaciones francesas del sector productor agrario, la industria agroalimentaria y los fitosanitarios han firmado esta semana un acuerdo para limitar el uso de este tipo de productos e impulsar la transición agro-ecológica, aunque asume las dificultades “para cambiar las prácticas agrarias en materia de protección de cultivos sin que las alternativas a los productos fitosanitarios sean accesibles, económicamente viables y suficientemente eficaces”.

Según un comunicado de la organización de productores y exportadores hortofrutícolas españoles Fepex, así se recoge en un documento al que han tenido acceso y que, bajo el título “Preámbulo del Contrato de Soluciones”, refleja el compromiso del Estado francés para “movilizar los presupuestos disponibles para poner en marcha medidas concretas” al respecto.

El acuerdo, promovido por la Federación Nacional de Explotaciones Agrarias de Francia (Fnsea), cita tres posibles fuentes de financiación ya vigentes en el país: el Plan de competitividad y de adaptación a las explotaciones agrícolas (PCAE), el plan Ecophyto y las medidas agroambientales y climáticas (MAEC).

“Las necesidades para el cambio de las prácticas de cultivo van más allá de una simple sustitución de un producto, hay que buscar soluciones”

A este compromiso de impulsar la transición a una agricultura más ecológica se han sumado representantes de los sectores productores de trigo, cebada, maíz, colza, remolacha, patata, frutas y hortalizas, así como empresas de semillas, equipos agrícolas y la industria agroalimentaria y fitosanitaria, de acuerdo a los datos de Fepex.

Según el texto, los firmantes coinciden en que los agricultores franceses tienen importantes dificultades “para cambiar las prácticas agrarias en materia de protección de cultivos sin que las alternativas a los productos fitosanitarios sean accesibles, económicamente viables y suficientemente eficaces”.

“Las necesidades para el cambio de las prácticas de cultivo van más allá de una simple sustitución de un producto”, por lo que a su juicio hay que “buscar soluciones que respondan a los principios de la producción integrada de los cultivos, haciendo una reflexión estratégica sobre los sistemas de producción”.

Los compromisos acordados incluyen la elaboración de políticas públicas para la identificación y anticipación de alternativas a los productos fito-farmacéuticos; el acompañamiento a los agricultores en la reducción de su uso o la comunicación hacia el gran público.

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