Funcionarios recogen firmas en contra de la venta de montes públicos en CLM

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   Los funcionarios han recordado que la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha establece que los montes pertenecientes al dominio público forestal son "inalienables, imprescriptibles e inembargables".

    Además, han subrayado que la exclusión de montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas.

    Esta exclusión estaría también justificada si hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines, o si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal.

    Ninguno de estos casos, han dicho, se dan en los montes que se pretende excluir del Catálogo para su venta posterior.

    Los funcionarios también han recordado que los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas.

    En este sentido, han subrayado que la desamortización de miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares supusieron ser deforestadas sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones.

    Además, en su escrito ponen en valor el papel que tienen estos espacios para la biodiversidad, el recreo y el paisaje y su función como sumideros de carbono.

    Los montes, añaden los funcionarios en su escrito, han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza del país y, han apuntado, "son muchos los pueblos que llevan largo tiempo utilizando estos terrenos públicos de distintas formas, bien sea para trabajos forestales, caza, pesca, ocio, iniciativas empresariales, recogida de frutos, leña u hongos".
 
   Por todo ello, reiteran su "total oposición" ante cualquier intento de desafección, descatalogación y venta de este patrimonio común para el que, por el contrario, entienden, "debería fomentarse su conservación y mantenerse sus funciones económicas, ecológicas y sociales".