El Gobierno central y la Junta de Andalucía han iniciado los trabajos para acometer el trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, una “obra prioritaria” que restará presión al acuífero de Doñana y garantizará el agua a la agricultura de la zona.

Así lo ha anunciado a los periodistas en Mazagón (Huelva) la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha precisado que “ya hay grupos de trabajo abordando el diseño de fases y de actuaciones” que habrá que llevar a cabo durante un proceso que “será largo”

“Todos queremos lo mejor para Doñana y eso pasa por facilitar agua superficial a los regantes”, por eso, ha remarcado, “se culminaron las obras del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos, ya consolidado, o se compró la finca de Los Mimbrales para tener ocho hectómetros cúbicos adicionales para los regantes”.

Aunque hay sintonía, “será un proceso largo, ya que requiere de redacción de proyectos, de cumplimiento de requisitos medioambientales”

Y por eso, ha incidido, se está trabajando junto con la Junta de Andalucía en ese proyecto de trasvase adicional de quince hectómetros cúbicos desde el Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir.

“Será un proceso largo, ya que requiere de redacción de proyectos, de cumplimiento de requisitos medioambientales, de una tramitación importante, porque al ser un trasvase entre dos cuencas requiere de una ley, de mucho trabajo previo, pero ya ha comenzado”, ha señalado García Tejerina.

La ministra ha resaltado que se trata de una infraestructura de la que “España no puede prescindir” y por ello se va a incluir en el futuro Pacto Nacional del Agua, ya que, además se puede incluir en dos de sus áreas, la atención a las demandas y la protección medioambiental de espacios especialmente importantes.

Respecto a los proyectos de gas en Doñana, la ministra ha destacado que se ha actuado conforme a ley a la hora de otorgar las declaraciones de impacto ambiental y ha asegurado que “la decisión futura” sobre los mismos depende de la Junta de Andalucía.

La ministra ha recordado que entre los años 2010-2013 se efectuaron las declaraciones de impacto ambiental y se llevaron a cabo “de manera agrupada y no en cuatro proyectos distintos, para poder evaluar el efecto conjunto, incluso se evaluaron proyectos que no iban a tener nunca una realidad” y ello “con informes favorables de la Junta de Andalucía, emitidos en el año 2008”.

En este sentido, el consejero andaluz ha manifestado que hay “una discrepancia” entre ambas administraciones, y ha asegurado que es verdad que la autorización ambiental unificada corresponde a la Junta, y por eso hemos negado esta autorización al proyecto Marismas Oriental, que según la empresa es la parte esencial del proyecto y sin ella no tiene sentido su conjunto”.

“Entendemos que habría que hacer una evaluación conjunta de los efectos que de manera acumulativa puede tener este proyecto porque hay informes científicos que así lo aconsejan, y es lo que pedimos y en lo que estamos”, ha manifestado.

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