EFE.- La nueva regulación ofrecerá un marco legal y hará "visibles" a las trabajadoras que están cooperando en las explotaciones agrarias, según ha declarado la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
Aguilar ha manifestado, en la rueda al prensa al término del Consejo, que este proyecto es "un paso más" dentro de la "seña de identidad del Gobierno español en favor de la igualdad entre hombres y mujeres", y una "respuesta firme" a las demandas del sector agrícola.
La normativa plantea varias opciones legales para obtener ese reconocimiento, según ha explicado la ministra.
Por una parte, ofrece la posibilidad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, en 24 horas, por 100 euros y con unos estatutos tipo para "titularidad compartida".
Otra alternativa será la creación de una sociedad económica, sin personalidad jurídica, inscrita en un registro en las comunidades autónomas, aunque también se verá reflejada en otro registro a nivel nacional.
El proyecto también admite el reconocimiento de los derechos económicos generados por el trabajo como contraprestación de su actividad.
Aguilar ha resaltado que el proyecto es fruto del compromiso contraído con el sector agrícola y de la participación de las organizaciones agrarias, las entidades de mujeres rurales, las cooperativas y las comunidades autónomas.
La ministra ha remarcado que, gracias a este proyecto de ley, se va a hacer "plenamente visible" la actividad de las mujeres rurales en derechos y oportunidades.
Ha añadido que estas trabajadoras podrán acceder al 50 % de las subvenciones, al 50 % de los créditos para el desarrollo de la explotación y a las posibilidades de formación y asesoramiento en "plena igualdad" con los hombres.
En la actualidad, el 71 % de los titulares de explotaciones agrarias españolas son hombres y el trabajo femenino es considerado sólo como una ayuda familiar.
Aguilar ha manifestado que está convencida de que habrá el consenso suficiente entre los grupos parlamentarios para sacar la ley en esta legislatura, porque los partidos políticos "son conscientes" de que es necesaria una regulación de estas características en un sector tan importante como el agrario.