EFE.- Según Greenpeace, el proyecto del Gobierno "recorta los principios de igualdad ante la ley" al permitir que diez núcleos de la costa y toda la isla de Formentera queden fuera de regulación; y vulnera el artículo 132 al "reducir la protección del dominio público marítimo terrestre".
"Salinas, dunas, se quedan sin protección y se prolonga la especulación sobre el terreno público durante nada más y nada menos que 75 años", ha señalado, en un comunicado, la responsable de Costas de la organización ecologista, Pilar Marcos.
La ONG conservacionista ha remitido a los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda en la que solicitan que el proyecto sea "revisado" para "ajustarse al artículo 132 de la Constitución, estableciendo como objetivo prioritario la defensa del uso común y el litoral".
Otros argumentos son la "ausencia de regulación a los efectos de los temporales y el cambio climático en la costa", la "invasión" de competencias autonómicas, y que "los municipios de toda la costa tendrán dos años de plazo para legalizar sus desmanes urbanísticos".
En el comunicado de prensa, Greenpeace asegura que PSOE, UPyD e Izquierda Plural les han anunciado su intención de presentar la enmienda a la totalidad.
Además, la organización denuncia que "aunque el ministro de Medio Ambiente aseguró en reunión con varias asociaciones ecologistas que la Ley de Costas se tramitaría en la primavera de 2012, el plazo de enmiendas finaliza el próximo 12 de noviembre".
Por ello, solicitan la devolución del proyecto de Ley al Gobierno para que se elabore un nuevo texto "con la mayor participación -ciudadana, autonómica y científica- y coherencia posible".