LA UNIÓ de Llauradors desea trasladar a la opinión pública su profundo malestar y hartazgo de la guerra política que llevan a cabo partidos y territorios durante los últimos años y reclama que sean los técnicos o expertos en la materia los que resuelvan de una vez por todas la falta de agua para la agricultura de nuestro territorio, sobre todo en las comarcas de Alicante.

En este sentido, la organización agraria destaca que “el Gobierno del Estado debe ser intermediador de las políticas del regadío y del agua entre las distintas comunidades autónomas y no hacer dejadez de sus funciones ni trasladar enfrentamientos políticos a los regantes. Precisamente ahora que tanto en la Moncloa como en la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha gobierna el mismo partido, debería ser más fácil entenderse y establecer un posicionamiento común que beneficie a todos y, sobretodo, llamar al orden a aquellos dirigentes de comunidades autónomas que cuestionan la legalidad por motivos partidistas, como es el caso”.

LA UNIÓ indica que los agricultores alicantinos lo único que desean es el agua necesaria para regar sus campos y evitar que se mueran los cultivos y para ello “se deben proporcionar los recursos hídricos suficientes para poder regar a un precio razonable y a una calidad aceptable”.

Sobre el trasvase Tajo-Segura, LA UNIÓ indica que se trata “de una norma aprobada y muy clara sobre la que no se admite discusión”

Esta Organización Profesional Agraria demanda soluciones urgentes, viables y sostenibles para que todos los regantes, “con independencia del territorio de dónde son, tengan el mismo acceso al agua. No debemos olvidar que sin agua no hay agricultura y sin agua no hay trabajo en buena parte de las poblaciones alicantinas”.

En relación al trasvase Tajo-Segura, LA UNIÓ indica que “se trata de una norma aprobada y muy clara sobre la que no se admite discusión. Mientras se den las condiciones estipuladas sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras, no hay nada más que hablar, sino cumplir con la ley, y dejar de enfrentar territorios por un puñado de votos”.

Paralelamente a estas aportaciones de agua y al funcionamiento del Júcar-Vinalopó, LA UNIÓ sí que apunta a la urgencia de poder contar también con nuestros propios recursos hidrológicos lo más pronto posible porque depender de condicionantes ajenos resulta bastante peligroso y a los cultivos “no se les puede pedir que esperen”.

En este sentido, insiste en la reutilización integral de las aguas depuradas pues únicamente se aprovecha en la actualidad un 10%, en unos precios adecuados del agua desalada para el sector agrario, en el aprovechamiento de las aguas de acuíferos confinados profundos y que las Confederaciones Hidrográficas del Segura y el Júcar faciliten los datos y en la aplicación de la desalobración para todas aquellas aguas que lo requieran.

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