Si bien los ciudadanos extranjeros no podían adquirir tierras directamente, los contratos de arriendo se efectuaban a través de testaferros locales, una práctica que utilizaron sobre todo agricultores de la vecina Austria.
Con la entrada de Hungría en la Unión Europea (UE) en 2004, el Gobierno magiar impuso entonces una moratoria de 10 años para vetar la venta de tierras a extranjeros, incluyendo a los comunitarios.
Ese plazo vence el próximo 1 de mayo, y a partir de entonces entra en vigor la ley, adoptada la semana pasada, que declara como ilegales los contratos de arriendo realizados en la década de los años noventa del siglo pasado.
Casi un 10% de las tierras en manos extranjeras
Se estima que los austríacos cultivan unos 200.000 hectáreas en el país vecino, una cifra que el Gobierno húngaro eleva incluso hasta 700.000 hectáreas, lo que sería más del 10% del total de tierra cultivable.
Viena critica que con la nueva ley no solo sus agricultores perderían los terrenos que cultivan, sino que tampoco se les indemnizaría a pesar de haber pagado por adelantado el arriendo, al tiempo que se les amenaza con hasta cinco años de cárcel
El ministro austríaco de Agricultura, Andrä Rupprechter, asegura que esa ley es "inaceptable y contrario al derecho comunitario".
En dos ocasiones el ministro austríaco trató de reunirse en enero con su homólogo húngaro, Sandor Fazekas, quien sin embargo esquivó las citas alegando problemas de agenda, lo que Rupprechter calificó como "increíble acto de rechazo al diálogo".
"Es inédito en Europa que un ministro se niegue a debatir sobre un asunto europeo", aseveró el ministro austríaco.
Tensión entre ambos Estados
Fazekas, por su parte, considera como "innecesario" encontrase con su homólogo austríaco, ya que según la legislación húngara los agricultores extranjeros consiguieron el derecho de arrendamiento en Hungría de forma ilegal, "algo que no se puede cuestionar".
Con la nueva ley, Budapest pretende "restablecer una situación normal", dice el ministro, aunque algunos expertos, también húngaros, advierten de lo contrario.
El abogado Gábor Magyar, especialista en derecho comunitario, asegura en declaraciones a Efe que la norma aprobada "plantea la posibilidad de herir el derecho comunitario sobre la propiedad". Además, la polémica ley en sí no sirve para identificar cuáles fueron las adquisiciones de tierras ilegales, agrega el jurista.
"Se trata de una intervención agresiva del Estado en asuntos penales civiles", señala el abogado, que alerta que solo habría bastado fijar que estos contratos se realicen ante un notario. "De esta manera los contratos realizados sin fecha ("ilegales" según el Gobierno), no servirían para nada durante la moratoria", concluye el abogado.
Mientras tanto, Austria ha retirado su amenaza de presentar la disputa lo antes posible al consejo de ministro de Agricultura, ya que desea esperar primero la opinión de la Comisión Europea.
Y ésta podría exigirle a Budapest que revise su ley y en caso de que eso no suceda, podría luego iniciar un expediente legal contra Hungría por violación de derecho comunitario.