Por el momento, el departamento que dirige José Manuel Soria no se ha posicionado al respecto, pero existe una sensación entre los principales representantes del sector de que s epodría alcanzar un acuerdo en breve satisfactorio para ambas partes, en gran medida porque son muchas las voces del propio Partido Popular, que van desde el Ministerio de Agricultura hasta varias comunidades autónomas, que vienen respaldando a los regantes en su pulso con Industria.

      Así, según ha comentado Pedro Parias, secretario general de Feragua, a Asunción ferna´ndez de Castillejo en www.abc.es, con este modelo de contrato que se ha presentado para su estudio al Ministerio, se pretende resolver el problema que sufre el regadío —con un patrón de consumo estacional— a causa de la subida del término de potencia que se les viene cobrando por igual todo el año, tanto cuando consumen mucha electricidad como cuando consumen muy poca.
Costes disparados

    Según vienen denunciando los regantes, la última reforma de la regulación eléctrica aprobada en agosto pasado ha supuesto una subida de los costes superior a 37 millones de euros en Andalucía y más de 100 millones en España, con subidas medias del término de potencia del 115 % que —según afirma Pero Parias— «hacen insostenible la viabilidad de gran parte del regadío nacional, que además se ha modernizado para ahorrar un 20% de agua, pero asumiendo un incremento del consumo eléctrico superior al 50%».

Necesidad de ajustar la potencia a las necesidades

   En definitiva, la propuesta presentada por Fenacore y Feragua —y en cuya elaboración han colaborado otras organizaciones como es el caso de ASAJA  Andalucía— se propone un tipo de contrato anual flexible, "donde el regante pueda ajustar las necesidades de potencia demandadas a un contrato que lo facilite, pues los modelos de contratación actual obligan a pagar durante los meses de no riego unas potencias muy elevadas que no se demandan en dichos periodo", explica Parias.

   Aunque la propuesta es bastante técnica, se puede resumir en que se propone un tipo de contrato que tenga en cuenta las peculiaridades de la forma de consumir del regadío, que es fuertemente estacional. Según explican desde Feragua, "actualmente ya existe un contrato de temporada, pero que no tiene validez alguna para nosotros porque obliga a desengancharse de la red la mayor parte del añ"».

    Así lo que proponen los regantes al Ministerio de Industria es "que contemple la posibilidad de contratos anuales en los que se distingan dos periodos, uno de consumo intensivo -que se correspondería con la campaña de riegos- y otro de consumo residual, en el que pueda contratarse, como máximo, el 20% de la potencia total, de tal manera que nos permita disponer durante esos meses de invierno de cierto suministro de electricidad, necesario para bajas demandas de riego en dichas época (noviembre a marzo en Andalucía ) y para el mantenimiento del resto de usos dentro de una comunidad de regantes distintos al regadío en sí mismo (conservación de equipos de bombeo y de redes, equipos informáticos, sistema de control y vigilancia, etc)".

Condiciones para que sólo afecte a este sector

   Uno de los problemas que avanzaba el Ministerio para aceptar este tipo de contratos era la posibilidad de que abrieran la veda y se engancharan a ellos otros usuarios desestabilizándoles de alguna manera su regulación eléctrica,

   Por ello, en la propuesta de los regantes, "para asegurarnos de que el acceso a ese contrato se realiza exclusivamente por consumidores ‘estacionales’, le incluimos una serie de condicionantes, tales como que al menos el 90% del consumo anual se produzca en el periodo de consumo intensivo; que este periodo no pueda prolongarse más allá de los ocho meses; o que el consumo de energía en los periodos Valles (normalmente las noches y los fines de semana) supere al de resto de periodos, de tal forma que sólo puedan aprovechar este tipo de contratos quiénes colaboran con el sistema eléctrico consumiendo energía cuando nadie la quiere, es decir, durante los Periodos Valle".

     De esta forma, se solventa que otros sectores puedan reclamar la aplicación del contrato.

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