La organización agraria Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) está estudiando emprender acciones legales contra el grupo de personas que entró ilegalmente en una granja de cerdos de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) el pasado 18 de marzo y el colectivo que asaltó un matadero en Riudellots de la Selva (Girona) la madrugada de ayer.

La organización agraria reitera que este tipo de acciones legales deben ser sancionadas de forma ejemplar, por lo tanto, valora positivamente que el Departamento de Agricultura también esté analizando qué actuaciones legales a emprender.

JARC considera que estas actuaciones causan un gran perjuicio al sector ganadero en poner en riesgo la salud y el bienestar de los animales. De hecho,  creen que la entrada ilegal de personas en una explotación ganadera o un matadero es un delito contra la propiedad privada y conlleva los siguientes riesgos:

Contra la salud de los animales: Cualquier persona ajena a una granja o matadero, que entra ilegalmente sin el consentimiento del propietario, no respeta los protocolos de bioseguridad implantados, por tanto, supone un alto riesgo de transmisión de enfermedades al ganado. Actualmente, ante el elevado riesgo de entrada de la Peste Porcina Africana en Cataluña, que conllevaría graves consecuencias sobre el sector porcino, hay que extremar todas las precauciones.

Contra la salud pública: Una explotación de porcino o un matadero son eslabones de la cadena cárnica que tienen como finalidad la alimentación humana, por lo tanto, después de acciones de este tipo hay que implantar medidas adicionales de control para evitar perjuicios sanitarios a consumidores.

Contra el bienestar animal: Los cerdos pueden sufrir un episodio de estrés por la entrada repentina de un numeroso grupo de personas que altera sus condiciones habituales. Este hecho, puede provocarles lesiones al intentar huir y inmunodepresión.

Por último insisten en que las explotaciones ganaderas y los mataderos catalanes cumplen con la normativa europea de bienestar animal y seguridad alimentaria, una de las más estrictas del mundo, tal como demuestran los datos del Departamento de Agricultura que indican que el año pasado se abrieron menos de 1% de expedientes por incumplimientos de las normas de bienestar animal, por lo que reiteran emprender acciones legales.

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