Junta de Castilla y León asegura que no ha autorizado uso de veneno por topillos

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     ONG conservacionistas y la Real Federación Española de Caza habían alertado  de la catástrofe ambiental que supondría esparcir 86 toneladas de rodenticidas (veneno) en Castilla y León ante la previsión de una plaga de topillo campesino.

  A juicio de estas organizaciones, el uso de veneno incrementará el daño ambiental que ya esta produciendo la quema de linderos y cunetas para prevenir una plaga que aún no ha sido declarada.

     Los venenos rodenticidas adquiridos contienen la sustancia activa bromadiolona, un raticida anticoagulante de segunda generación no selectivo que se pretende repartir en forma de semillas de cereal impregnadas, quedando accesibles para cualquier animal, mamífero o ave.

    Esta distribución "indiscriminada por las tierras de Castilla y León, y sin las medidas de precaución necesarias ha supuesto en años anteriores una gran mortalidad de especies que no eran objeto del control", añaden.

    "Sorprende que la Junta emprenda ahora un gasto de 190.000 euros para adquirir este veneno cuando en 2012 ya se había adquirido 38 toneladas de cebos con bromadiolona y que no fueron utilizadas al no declararse finalmente la plaga de topillo campesino. Estaríamos por tanto ante la posibilidad de que desde la Junta se esté preparando un envenenamiento masivo del medio natural con el uso de más de 86 toneladas de raticidas".

    Los rodenticidas tienen efectos muy perjudiciales sobre las aves rapaces, mamíferos carnívoros y cualquier animal que pueda entrar en contacto con el cebo, incluyendo especies cinegéticas como liebres y palomas, perdices o conejos.

     Además, la aplicación de rodenticidas supone riesgos para la salud, como la expansión de la tularemia o la intoxicación del ganado ovino que consuma el cereal tratado con rodenticidas.

Se suspendió su uso en 2007 por peligroso y no dar resultados


    En la plaga de 2007 se tuvo que prohibir el consumo de pichones en Palencia, al detectarse centenares de palomas intoxicadas con clorofacinona.

     Otro riesgo posible que ponen de manifiesto conservacionistas y cazadores es el de generar poblaciones de roedores resistentes a los tratamientos químicos, suponiendo a largo plazo que cualquier medida de control químico resultase ineficaz.

    La ineficacia de estas medidas de control se constató en las anteriores campañas de envenenamiento que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en las que invirtió hasta 16 millones de euros.

    Aún así, tuvo que pagar otros 9 millones en compensaciones por daños, y no ha evaluado la eficacia real de las medidas hasta ahora.

Por tanto, podría repetirse la misma situación de derroche y despilfarro, concluye el comunicado, que también firman la Asociación de Naturalistas Palentinos (ANPA) y la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA).

(Foto: Archivo www.laopiniondezamora.es)