La Audiencia de Cantabria ha determinado que la causa abierta contra el funcionario de la Oficina Comarcal de Toranzo al que se acusa de cobrar a ganaderos por realizar trámites gratuitos se siga por un Tribunal del Jurado, ya que se le imputa un presunto delito de cohecho.
El Tribunal Superior de Justicia ha recordado que, tras la práctica de pruebas y la instrucción de la causa, se celebró a finales del pasado año la comparecencia para concretar la acusación.
El juez dictó el auto por el que se acordó seguir las actuaciones por Tribunal del Jurado, que fue recurrido por la defensa del acusado porque entendía que había «vicios de nulidad», que se vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, y que se le causaba indefensión.
Pero la Audiencia no comparte esa tesis y ha ratificado la decisión del juez instructor, en un auto con fecha de mayo pero que se facilitó ayer.
la Audiencia de Cantabria afirma que no se vulnera el derecho de defensa del acusado
La defensa sostenía que el juez instructor no había concretado el objeto del proceso penal, un criterio que compartía la Fiscalía.
Pero la Audiencia de Cantabria rechazó el recurso, porque afirma que no se vulneró el derecho de defensa del acusado aunque en la resolución del juez no se recogían específicamente todos los hechos de este procedimiento.
El tribunal explica que este hombre conocía los hechos que se le atribuyen por parte de las acusaciones, porque asistió a la comparecencia celebrada para darle traslado de las imputaciones.
La Audiencia entiende, por tanto, que el acusado «tuvo perfecto conocimiento» del contenido de la resolución judicial y de los hechos que se le achacan.
Además, la Audiencia confirma que el rechazo por parte del Juzgado a que se practicara una nueva declaración de este hombre fue correcto.
Los magistrados subrayan que esa declaración es «improcedente» y recuerda que ya tuvo la oportunidad de declarar en la fase de instrucción, pero se acogió a su derecho de responder solo a las preguntas de su letrada.
Además, considera que no es una diligencia «imprescindible para decidir sobre la procedencia de la apertura de juicio oral» y cree que puede llevarse a cabo en la audiencia preliminar.
La Consejería de Ganadería del Gobierno inició en marzo de 2013 una investigación interna por estos hechos, tras realizar unos controles rutinarios, en los que se detectó que algunos ganaderos dejaban entrever que, presuntamente, estaban pagando a un funcionario de la Oficina Comarcal de Ontaneda por la realización de trámites ordinarios que son gratuitos.