Gana peso la propuesta de desarrollar una normativa común en la Unión Europea (UE) específica sobre regulación de las Prácticas Comerciales Desleales (PCD) en la cadena alimentaria, aunque esta idea aún genere “resistencias”.

Esta es una de las conclusiones de la actualización del informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE que ha difundido la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

No hay unanimidad en Europa ni en los delitos: En España y Francia impera el retraso en el pago; en Portugal la venta a pérdidas

El documento, que analiza los principales avances producidos entre 2015 y 2016 en el control de las PCD, apunta que “si esta normativa avanza, el próximo debate estará en cómo homogenizar su aplicación a cada Estado miembro, ya que actualmente se observan importantes divergencias en la cobertura de la normativa y en los roles de las actividades de control”.

También hay diferencias en cuanto a la PCD que más se persigue, de manera que en Portugal se orienta más a “la venta a pérdidas” mientras que en España y Francia tienen más peso los retrasos en los pagos, ha detallado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en un comunicado.

El caso español, la AICA, destaca en este informe como la “agencia más activa” en el control específico de las PCD.

El informe concluye que hay una “tendencia clara”, cada vez en más países, a regular públicamente en esta materia con agencias con plenas capacidades de control y sanción más allá de la vía judicial.

Tras examinar los casos de Alemania, Francia, Portugal, Italia, España, Eslovaquia, República Checa y Reino Unido, precisa que los modelos mixtos, los que combinan instrumentos públicos y privados, son los que cuentan con más apoyos.

El informe detalla los “hechos relevantes” que se han producido en este periodo en la UE, como la Resolución del Parlamento Europeo del pasado junio, en la que se pedía una “propuesta o propuestas de un marco europeo que establezca principios generales”, teniendo en cuenta “las circunstancias nacionales”.

Esta resolución anima a los países a crear agencias públicas u organismos especializados de arbitraje, entre otros aspectos.

Añade las posiciones de organizaciones como el COPA-Cogeca, que pidió una legislación europa y destacó como ejemplo la normativa española, o la del comisario Europeo de Agricultura, Phil Hogan, quien en 2016 abogó por revisar en profundidad las evidencias de cada uno de los enfoques implementados contra las PCD “antes de desarrollar una normativa comunitaria”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here