La ALIANZA exige un riguroso y objetivo Plan de Conservación Gestión del lobo

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    DComo explica la organización agraria, dado que el lobo es patrimonio natural de nuestra comunidad autónoma, "por tanto, debe ser la Junta de Castilla y León la que se responsabilice del mismo y por lo tanto la conservación y gestión del lobo debe ser considerada un servicio público".

   A este respecto, bajo su parecer, el Plan de Conservación y Gestión del Lobo debería contemplar, al igual que lo hace el artículo 106.2 de la Constitución Española, “que todos los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que tales daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

    La ALIANZA UPA-COAG recuerda en el escrito registrado que la Junta de Castilla y León "no debe olvidar que los ataques de lobos no solo provocan importantes perjuicios económicos, una desestabilización de las producciones y del programa de producción y de cría, sino también un importante y grave impacto emocional en el ganadero".
 
     Para nuestra organización agraria
“la Junta de Castilla y León debería garantizar que, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, los perjudicados sean compensados íntegramente por los daños que el lobo haya producido a su ganado, abonando directamente y con cargo a su presupuesto, además del valor de mercado, el lucro cesante y las pérdidas indirectas inducidas en la explotación como consecuencia del ataque del lobo.”.
 
    Además en estas alegaciones también explican en su nota que
la Administración Autonómica "debe controlar la población de lobos, vigilando especialmente que ésta se circunscriba solo a aquellas áreas donde sea ecológica y socialmente aceptable, y manteniéndola en un volumen adecuado en relación a la extensión del territorio y la importancia de la ganadería extensiva en el mismo".

Lamentan que se quiera "criminalizar" al sector ganadero

 
   Por ello, LA ALIANZA UPA-COAG lamenta que en el proyecto del Plan elaborado por el Gobierno regional "figure una valoración tan sesgada del conflicto que conlleva la coexistencia con el lobo, criminalizando la actuación del sector ganadero, y sin reconocer que la problemática se deriva en gran medida de algo que se reconoce en el propio Plan, y que no es otra cuestión más que el incremento poblacional del mismo, constatando que el incremento es más notable al Sur del Duero aumentando el área de distribución en un 34 %".
 
    Además han alegado que “en todo caso, cuando en territorios donde el lobo no tiene consideración de especie cinegética, por parte de la Administración Autonómica, o instancia de los interesados, se detecte una zona en la que se produjeran ataques al ganado que pongan en riesgo la continuidad de la actividad ganadera, siendo esta actividad el principal motor económico de la zona afectada, o en el caso de que por su proximidad a núcleos poblados, exista riesgo para la seguridad de la población, la Dirección General competente en materia de medio natural deberá autorizar acciones de control poblacional orientadas a reducir al mínimo posible la presencia de estos animales, para asegurar así la seguridad de los núcleos de población y evitar la despoblación del medio rural por el abandono de la actividad ganadera, pilar de la actividad económica de la zona”.
 

   En este sentido, para la ALIANZA UPA-COAG resulta fundamental la correcta dotación presupuestaria de los Panes de actuación anual, ya que unas medidas sin presupuesto suficiente difícilmente pueden llegar a cumplir su función.

 
   Por otro lado desde la ALIANZA UPA–COAG considerans que el enfoque que desde la Administración se pretende dar fomentando la imagen del lobo como elemento de desarrollo rural, tan sólo pretende maquillar los importantísimos problemas que esta especie genera en el medio rural, no sólo para la ganadería, sino para la población que vive y trabaja en las zonas rurales, ya que estos animales cada día están más presentes en las proximidades de los núcleos poblados.
 
    En todo caso, creen que la Junta de Castilla y León debe escuchar la reivindicación de nuestra organización agraria porque entre otras cosas hemos logrado importantes sentencias judiciales a favor de los intereses de los ganaderos.
 

    Por este motivo esperan que el Gobierno regional actúe con responsabilidad y diligencia, y haga todo lo que esté en sus manos "para que el conflicto no se judicialice más, dado que con el nuevo Plan de Gestión del Lobo puede ponerse fin a uno de los graves problemas que los ganaderos siguen sufriendo hoy en día".