De hecho, toda la oposición ha votado en contra por petición de la mayoría de las propias organizaciones agrarias, como han reflejado en sus intervenciones, aunque en el caso de los nacionalistas por pensar que afectaba a sus competencias autonómicas, mientras que desde el PP se defendie que se crea el Consejo Agrario y se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias destacando que la norma implanta “la democracia en el campo”.
Incluso distintas fuentes han estado coincidiendo en los últimos meses que esos comicios no se iban a celebrar, al representar "abrir un melón que nadie quiere catar" por las consecuencias que podía crear, en especial porque se incluye la posibilidad de que las empresas que generen un negocio de 10.000 euros al año por su actividad agraria también podrían participar en las elecciones.
COAG pide celeridad pero con cambios porque cree que ganará
La mayor sorpesa ha venido desde COAG. Su secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha explicado a Efeagro que tienen "grandes posibilidades" de convertirse en la organización más representativa del país, aunque pide que la consulta que se haga en el campo cuente con todas las garantías democráticas.
Así ha reclamado que "se convoquen esas elecciones al Consejo Agrario a nivel del Estado" cuanto antes, pero pide antes que el Reglamento que desarrolle la ley corrija "las lagunas" actuales.
Y es que, según ha criticado, la ley tiene "enormes carencias democráticas" y el proceso electoral que prevé no contaría con las suficientes garantías, algo que "hemos venido diciendo e insistiendo durante el trámite parlamentario".
Entre los temas que, a su juicio, debe corregir el futuro reglamento que desarrolle la ley, Blanco pide un número de mesas electorales suficientes -una por municipio- para favorecer la participación y que exista control de los gastos electorales y auditorías de los mismos para garantizar la transparencia durante el proceso.
Igualmente, exige que se asegure que votan los auténticos profesionales del campo, que en su opinión deben ser los cotizantes a la Seguridad Social.
UPA sopesa impugnar la ley por falta de garantías democráticas
Por su parte, la organización agraria UPA, que podría ir en coalicion con COAG en lagunas CCAA, estudiará la posibilidad de impugnar la ley de representatividad agraria aprobada por "falta de garantías democráticas", ya que la norma plantea realizar una "consulta" que no se regirá por las garantía de la ley electoral.
"Vamos a valorar las posibilidades (jurídicas), sin descartar recurrir ante el Supremo, Constitucional o Tribunales europeos", ha adelantado a Efeagro el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, por lo que estudiarán las fórmulas más adecuadas.
Alarcón ha denunciado que, finalmente, el Gobierno y el PP "han optado por sustituir una ley con amplio consenso en lo político y social" -que contaba con el respaldo de PP, PSOE, otros grupos y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA-, por otra nueva, la aprobada hoy, "que goza del rechazo social" y que "no ha sido negociada" con el sector.
En su opinión, tampoco ha obtenido el respaldo parlamentario, ya que "ha sido rechazada por todos los grupos políticos", excepto el PP. A su juicio, la ley sigue adoleciendo de los mismos defectos que se incluían en los primeros borradores del Ministerio. "Se ha buscado un procedimiento absolutamente extraño, y para nosotros no es válido ni homologable para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias", ha insistido.
La Unión pide que se aceleren cuanto antes
El coordinador estatal de La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (La Unión de Uniones), José Manuel de las Heras, ha expresado su "satisfacción" por la aprobación de la Ley de representatividad agraria y ha pedido que la consulta electoral se celebre cuanto antes, ya que podría entrar con cierto peso en el reparto de los fondos (de los que ahora está fuera) y su presencia en el Consejo Agrario.
Según ha explicado De las Heras a Efeagro, "a diferencia de todo el mundo" en el sector agrario "nosotros estamos satisfechos" de que la ley "esté finalmente encima de la mesa" y aprobada en las Cortes.
Ha apuntado que otras organizaciones agrarias sostienen que se trata de "un fraude de ley porque el Ministerio no tiene intención de convocar elecciones" en el campo, pero "si el Magrama no convoca elecciones, nosotros también diríamos lo mismo".
"Creemos que el Ministerio debería hacer rápidamente el reglamento que desarrolle la ley", ha resaltado.
Ha indicado que si el plazo que estipula la norma para celebrar la consulta es "de hasta los 18 meses", la Unión de Uniones urgirá que la hagan cuanto antes e incluso durante esta misma legislatura. Pero ha advertido de que si el texto es más ambiguo y no fija un calendario en el corto plazo para hacer esa consulta, "seríamos los primeros en denunciar" y "tratar de hacer las acciones legales que podamos para denunciar el estado de indefensión en el que nos encontramos", puesto que ahora La Unión de Uniones no tiene reconocida la representatividad a nivel estatal.