En una nota de prensa, el responsable de esta asociación afirma que "desde hace muchos años, en ACES venimos expresando nuestra apuesta por un sector agroalimentario dimensionado, estructurado, rentable y estable. Entendemos que durante el trámite legislativo se ha puesto sólo el foco en la distribución comercial. Ahora, con la ley aprobada, tendrá que verse si realmente va a permitir una mejor estructuración de las relaciones y muy especialmente en el sector agrario.”
En este sentido, señala que eEn el marco de la libre y leal competencia, las cadenas de supermercados cumplirán escrupulosamente los preceptos recogidos en la ley y exigirán igual cumplimiento al resto de operadores de la cadena.”
Asimismo, advierte que “las administraciones públicas tendrán que velar para que la aplicación de la ley lleve a tener una cadena más eficiente y competitiva, en beneficio de todos los operadores económicos y del propio consumidor. Es responsabilidad de las administraciones evitar que se produzcan efectos perversos o no queridos que nos lleven a costes administrativos desproporcionados, a una distorsión en los modelos empresariales o a la pérdida de la capacidad de respuesta de productores y distribuidores frente a los desafíos el mercado".
A COAG sigue sin gustarle la ley
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha subrayado que el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es "necesaria" e "imprescindible" pero "nace seriamente limitada".
Así lo ha explicado en declaraciones a Efeagro el máximo responsable de la organización agraria, que recuerda que desde COAG se ha venido exigiendo desde hace mucho que España contara con este marco legal pero, ahora bien, afirma que "se ha perdido una oportunidad para hacer una ley verdaderamente efectiva".
La principal carencia, recuerda, es que no incorpora "la venta a pérdidas" como práctica comercial abusiva penalizada. Esta había sido una de las grandes reivindicaciones de los agricultores que denuncian con insistencia que las grandes superficies ponen en los lineales productos gancho a precios muy bajos y presionan a los proveedores para bajarlos cada vez más, lo que explicaba en parte la crisis láctea, del aceite o la sandía.
"COAG no va a renunciar a que se incorporen mejoras cuando sea posible porque una ley se puede mejorar", aclara. Entre los puntos más positivos, Blanco ha apuntado a la constitución de un agencia de control alimentario que será dependiente no de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sino del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), aprovechando la estructura de la actual Agencia del Aceite de Oliva que hasta ahora ha controlado sólo a este sector.
"Esperamos que se dote de suficientes recursos" al nuevo organismo para que pueda denunciar y sancionar las prácticas abusivas que se detecten en el mercado, ha puntualizado Blanco.
Respecto a la ley de fomento de la integración cooperativa, también aprobada definitivamente ayer, Blanco ha subrayado que ha tenido un consenso muy amplio y "tiene todo nuestro respaldo desde el primer momento" porque en su opinión es necesaria para hacer más competitiva la actividad del agricultor y el ganadero.
Ahora pide que tanto la Administración central como las comunidades autónomas se impliquen y provean suficientes medios económicos -como las del futuro programa nacional de desarrollo rural- para fomentar la concentración de la oferta a través de las cooperativas agropecuarias y para abordar proyectos de transformación de productos agrícolas, con mayor valor añadido.
La oportunidad perdida, según UPA
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha asegurado que la Ley de cadena alimentaria aprobada es una "oportunidad histórica perdida para todo el sector agroalimentario". En un comunicado, la organización agraria reconoce avances, ya que "ahora tenemos una Ley", aunque ha criticado que al Partido Popular le ha faltado "valentía política para rematar un trabajo de años" para reequilibrar la cadena agroalimentaria.
Ha recordado que el PP aprobó ayer en solitario en el Congreso el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, demandado por el sector durante años, pero criticó que la legislación "nace coja" y "no servirá para resolver los principales problemas de agricultores y ganaderos".
De igual modo aseguran que la norma, que tenía como objetivo principal mitigar la crisis que arrastran las explotaciones agroganaderas en España desde hace años, ha sufrido "fuertes presiones" por parte de la gran distribución y de las autoridades de Competencia nacionales y europeas "para suavizarla".
UPA ha criticado que la Ley no establezca la venta a pérdidas ni el uso de los productos reclamo como prácticas abusivas.
El texto no establece -añade la organización agraria- la figura de "un verdadero árbitro independiente" con capacidad de mediar en los conflictos ni impone un régimen de sanciones "suficiente" a los que incurran en prácticas abusivas. Y tampoco se contemplan precios de referencia ligados a los costes de producción en los contratos, que sí serán obligatorios.
Desde esta organización agraria que lidera Lorenzo Ramos, no ocultan su decepción "tras tantos años de lucha" para conseguir una ley que proteja a los productores.