El Tribunal Supremo ha obligado a la Audiencia Nacional a asumir la investigación de una red dedicada a la venta de carne de caballo no apto para el consumo en dos mataderos de León, desmantelada en 2017 en la Operación Gazel, al entender que los imputados integraban una organización criminal.

El Supremo ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que resuelve la cuestión de competencia planteada por la negativa del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a hacerse cargo de esta causa cuando se inhibió el juzgado de Ponferrada (León) que inició la instrucción.

El alto tribunal, por contra, considera que la Audiencia Nacional sí es competente porque, a la luz de la exposición razonada remitida por el juzgado de Ponferrada y el dictamen del fiscal, se constata la existencia de una organización criminal “con el fin último de poner dentro de la cadena alimentaria humana, a nivel nacional e internacional” y “sin control sanitario alguno previa falsedad en sus documentos de identificación”.

El Supremo ve hubo “persistencia y continuidad en las actividades del grupo, estando localizadas en distintos ámbitos geográficos”

Para el Supremo se trata por tanto de una actuación ilícita que se produjo “en el marco de una organización jerarquizada y con atribución de diferentes funciones de distinta responsabilidad en sus componentes, con medios idóneos para preparar y realizar dicho propósito”.

Todo ello “concurriendo persistencia y continuidad en las actividades del grupo, estando localizadas en distintos ámbitos geográficos”, lo que, a juicio de los magistrados, sugiere, “al menos en principio una forma de organización, desde luego no improvisada ni ocasional”.

Estas sospechas, dice el auto del pasado junio, se desprenden de la investigación que ha consistido fundamentalmente en intervenciones telefónicas, controles de vigilancia, comisiones rogatorias y registros domiciliarios y sobre equipos informáticos.

Según esas pruebas, desde 2015 en el matadero frigorífico comarcal de Astorga y el Matadero de Toreno se han producido “entradas de ejemplares de raza equina amparados con documentos que no corresponden con los reales de los animales y que en muchos casos no poseen ningún control sanitario en la explotación de origen”.

Incluso hubo “partidas de animales cuya procedencia, entre otros, es Portugal, sin las guías preceptivas de movimiento/traslado”.

En la operación Gazel contra esta organización criminal, que se practicó en abril de 2017, fueron detenidas 65 personas, de las que nueve ingresaron en prisión y, según informó la Guardia Civil, con este operativo se logró desmantelar una red de comercialización europea con unos beneficios anuales de 20 millones de euros.

Las irregularidades investigadas afectan tanto al proceso de sacrificio de los animales como a la posterior distribución de la carne

A los detenidos de la organización criminal se les imputan los delitos de maltrato animal, falsedad documental, prevaricación, contra la salud pública, blanqueo de capital y organización criminal.

La denominada operación Gazel investiga una red ilegal de venta de carne de equino y en una primera fase, tras la cual se decretó el secreto del sumario, fueron detenidas casi una veintena de personas en diez provincias de siete comunidades autónomas. Las irregularidades investigadas afectan tanto al proceso de sacrificio de los animales como a la posterior distribución de la carne.

En la operación, que la Guardia Civil llevó a cabo en colaboración con Europol, participaron otros ocho países europeos: Francia, Portugal, Bélgica, Italia, Rumanía, Suiza, Holanda y Reino Unido.

Las primeras pesquisas de la operación echaron a andar el pasado verano, cuando se detectaron “indicios atípicos” en el mercado de la carne de caballo que llamaron la atención de profesionales del sector y agentes del Seprona de la Guardia Civil.

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