La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha confirmado, en sentencia comunicada a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, el laudo arbitral emitido por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) que anulaba el Convenio Estatal del Campo suscrito en 2014 por CCOO, Cooperativas Agroalimentarias y Unión de Uniones y reconocía como unas entidades legitimadas para negociar un convenio similar por la parte empresarial a CEOE y CEPYME.

Con el fin de introducir cierta racionalidad en el variopinto abanico de convenios laborales autonómicos y provinciales en el sector agrario, en julio de 2013 FEAGRA-CCOO, Cooperativas Agroalimentarias y Unión de Uniones invitaron al resto de organizaciones agrarias y a UGT a sentarse en la Comisión Negociadora del I Convenio Estatal del Campo. Ante el rechazo a este ofrecimiento, las tres entidades prosiguieron los trabajos que desembocaron en enero de 2014 en la firma del Convenio.

Unión de Uniones cree que esta situación no hubiera producido “si se hubiera celebrado el proceso electoral en el sector agrario”

Meses más tarde, tras ser demandado el Convenio por la Dirección General de Empleo y las no firmantes, todas las partes se sometieron al laudo arbitral del SIMA, cuya conclusión fue la anulación del Convenio Estatal del Campo por quedar acreditado como unas entidades legitimadas para firmarlo como representación empresarial únicamente a CEOE y CEPYME, no reconociendo a ninguna de las organizaciones profesionales agrarias (UPA, COAG, ASAJA, Unión de Uniones) ni a Cooperativas representatividad para ello.

El laudo impugnado por UPA y COAG fue ratificado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2016 y lo ha vuelto a ser ahora, en mayo, por sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, ante la que cabe, no obstante, Recurso de Casación.

Unión de Uniones lamenta que las maniobras de organizaciones que no quisieron sentarse a negociarlo hayan privado a 90.000 empleadores y 700.000 trabajadores de un Convenio Estatal del Campo. “Además, este convenio regulaba, también desde la perspectiva de la pequeña y media explotación, aspectos básicos estatales como la estructura salarial, el sistema de clasificación profesional, jornada máxima y descansos mínimos, permisos y licencias, régimen disciplinario o contratación y además se aprovechó  para regular la figura del fijo discontinuo y otras cuestiones como  normas mínimas de seguridad y salud y formación”, señalan desde la organización.

Unión de Uniones considera que esta situación no habría llegado a producirse “si se hubiera celebrado el proceso electoral en el sector agrario que hubiera permitido a los agricultores y ganaderos elegir a sus representantes en las mesas; proceso electoral que esta organización viene demandando desde que se publicó la Ley de Representatividad Agraria y que el resto de OPAs miran con mucha desgana, cuando no con repulsa”.

En cualquier caso, Unión de Uniones seguirá defendiendo los convenios provinciales y autonómicos del sector agrario de los que hoy es parte negociadora y firmante, y las especificidades del empleo ajeno en la agricultura familiar que, según la organización, no es la misma que puedan defender los grandes empleadores desde la patronal CEOE.

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