La Cámara Agraria de Ávila aprueba vender con polémica parte de su patrimonio para "salvarse"

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       "Para salvar el todo, hay que vender una parte", ha sostenido Muñoz, quien ha explicado que la medida era imprescindible ante la sentencia que el pasado mes de noviembre dio la razón a los dos trabajadores despedidos y condenaba a la Cámara Agraria a abonarles en torno a 50.000 euros por los cuatro meses que se les debía y por el finiquito.

     Tras reconocer que el órgano cameral no podía pagarles porque "no tenía dinero", Jesús Muñoz ha señalado que la venta de uno de los dos edificios de que dispone, era necesaria para que no se produjera el embargo de todo el patrimonio.

     De esta manera, la Cámara Agraria conserva su sede y pone a la venta otro edificio de unos 90 metros cuadrados, con el objetivo de afrontar el pago a los dos trabajadores despedidos como consecuencia de la rebaja de fondos procedentes de la Junta que han pasado de los 198.000 euros de 2007 a los 38.000 de 2014, aunque todavía "no han sido abonados".

     Tras acusar a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, de "ir a por las cámaras agrarias" porque "no le gustan", Muñoz ha argumentado que con la medida adoptada hoy, lo que ha buscado ha sido "la viabilidad" del órgano cameral abulense.

     En este sentido, ha instado al presidente de ASAJA-Ávila a que tome ejemplo de sus compañeros de Valladolid, que sí aprobaron la venta de una parte del patrimonio de la cámara agraria de aquella provincia para preservar su viabilidad.

     Por su parte, ASAJA pide seriedad y compromiso a los representantes de los agricultores y ganaderos de la provincia, en una ‘espantada’ que además les ha permitido no posicionarse sobre un asunto tan controvertido como importante para el sector.

    En cuanto al procedimiento de venta planteado, la organización profesional agraria rechaza que se ponga en manos de una inmobiliaria, "una elección poco eficaz porque la empresa recibirá la parte de la venta que le corresponda en detrimento de los intereses del sector, sin olvidar que es menos transparente que la subasta pública", según señala en una nota.

     En este caso, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en diferentes medios de comunicación "garantiza que la información llegue a los interesados. Además, fija un precio mínimo sobre el que quien esté interesado puede pujar en pliego cerrado".