Representantes de la Comisión Europea (CE) y de la Junta de Castilla y León buscan soluciones “alternativas” que favorezcan la “coexistencia” de ganaderos y lobos, aunque sin cambio en directivas europeas, ante la problemática de los últimos años por la extensión de la especie, especialmente al sur del Duero.

Así lo han concluido este lunes 23 en Ávila el portugués Humberto Delgado, director de capital natural de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, comunidad en la que el lobo es especie cinegética, esto es cazable, al norte del Duero, y protegida al sur de ese cauce.

La Junta advierte de que que está “en peligro el modo de vida, la cultura, la economía y, sobre todo, la población del mundo rural”

Acompañados por responsables de sus respectivos departamentos, ambos han mantenido una reunión técnica de trabajo para que los representantes europeos conozcan la gestión del lobo de la administración castellanoleonesa; a la que ha seguido otro encuentro con organizaciones profesionales agrarias (OPAs), grupos conservacionistas y alcaldes de municipios con ganaderos especialmente afectados por la acción de lobo.

Suárez-Quiñones ha admitido que se trata de “una preocupación de primera magnitud” para su departamento, ya que está “en peligro el modo de vida, la cultura, la economía y, sobre todo, la población del mundo rural”, con el consiguiente “peligro de despoblación del territorio”.

En esa línea se enmarca este encuentro con responsables de la CE, que sigue a la reunión que mantuvo el consejero el pasado 29 de mayo en Bruselas con el mismo objetivo de buscar soluciones a las relaciones entre ganaderos y lobos y para que se conozca de primera mano la situación en la Comunidad.

Tanto Suárez-Quiñones como Delgado han valorado los beneficios de la puesta en marcha en 1992 de la Red Natura 2000, y han advertido de que junto a ese “efecto positivo” ha habido otros negativos, como la expansión del lobo.

El consejero de Medio Ambiente ha señalado que los 400 ejemplares contabilizados en la Comunidad en los años setenta, se han convertido en 179 manadas contabilizadas en 2012 y en 1.600 ejemplares que “están generando unos problemas al interés de los ganaderos”.

Ante esta situación, el director de capital natural ha reconocido que “la presión de los grandes carnívoros no puede estar sólo en las espaldas de las comunidades rurales”, ya que en su opinión es “un problema para toda la sociedad, también la europea”.

“Europa no quiere cambiar las directivas” y el objetivo es mejorar la eficacia de la implementación de las directivas europeas

Al respecto, se ha mostrado partidario de “ver en qué medida se pueden hallar soluciones alternativas que favorezcan la coexistencia y estimular el mundo rural”.

Asimismo, ha aludido, al igual que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, al “Plan de Acción para la naturaleza, las personas y la economía”, que puede contribuir a mejorar la eficacia de la implementación de las directivas europeas que afectan a ganaderos y lobos.

No obstante, Delgado ha advertido de que “las derogaciones no son la primera alternativa” ya que a su juicio existen alternativas como la “flexibilidad” en la aplicación de las directivas.

“Queremos encontrar las formas inteligentes de aplicar las directivas según su texto legal”, ha añadido el responsable en capital natural de la CE, para quien el cambio de régimen jurídico del lobo al sur del Duero, donde es especie protegida, “no sería la solución más eficaz a corto plazo”.

Al respecto, Suárez-Quiñones ha referido que “Europa no quiere cambiar las directivas” y a su juicio “probablemente no es necesario” hacerlo, ya que “hay que interpretarlas”, porque “establecen excepcionalidades” que afectan directamente a las relaciones entre ganaderos y lobos.

Sobre a la posibilidad de incrementar las indemnizaciones a los ganaderos afectados, el consejero ha recordado la “mejora sustancial” que se ha producido en este sentido, rebajando de un año a un mes el pago a los dueños de explotaciones.

Asimismo, ha comentado la existencia de conversaciones con los representantes de los ganaderos para “mejorar la cuantificación del daño emergente y del lucro cesante”.

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