La FEEM también ha explicado a Becerril que el nuevo anteproyecto abandona a las entidades en una especie de “limbo jurídico”, al mandatar sin fecha a las CCAA a la definición de esas competencias, sin fecha y sin directrices, salvo la que se refiere a su disolución”.
En este sentido, sin embargo, han explicado que el propio Tribunal Constitucional en sentencia, aclara que corresponde al Estado definir esas competencias: «Como titulares de un derecho de autonomía constitucional garantizada, las Comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho, tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a las normas con rango de ley», asegura el texto de esa sentencia que desde la FEEM han trasladado a Becerril.
En este sentido, la Federación ha logrado el compromiso de la Defensora del Pueblo de que les reciba un miembro del Gobierno, para abordar su existencia, competencias y financiación en la nueva ley, tal y como demandan. Además, también se ha comprometido a que se les cumpla el trámite de audiencia antes de que la ley sea efectiva.
Propuesta de alegaciones ante la Cámara Alta
Por otro lado, los representantes de la FEEM, capitaneados por su presidente Antonio Martín Cabanillas y su secretario general, Miguel Gregorio, se han reunido también con el presidente del Senado, Pío García-Escudero. Éste, igualmente muy receptivo a las demandas de la FEEM, les ha sugerido la posibilidad de que trasladen sus propuestas respecto al Anteproyecto a la Comisión de Entidades Locales que existe en la Cámara Alta.
Estos dos encuentros mantenidos no van a ser, sin embargo, los últimos que prevé la FEEM. De hecho, mantienen su objetivo de poder reunirse con algún miembro del Gobierno, el propio presidente Rajoy, el ministro Montoro o incluso el ministro de Agricultura, Miguel Arias, para explicarle la necesidad de que se legisle adecuadamente y la importancia de sus núcleos respecto a la fijación de la población en los territorios rurales del país, algo esencial para la economía agraria.
También barajan, desde la FEEM, trasladar, incluso, su preocupación a la Unión Europea, para procurar que se defiendan y mantengan sus derechos como administraciones locales.