El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha defendido la creación, a escala europea, de una renta básica agraria como forma para garantizar el mantenimiento del territorio y fijar la población en el medio rural, que podría estar financiada con fondos de la PAC.

Gracia ha hecho esta afirmación en la inauguración de la nueva temporada de coloquios promovida por la Asociación de Mujeres Empresarias de Huesca (Amephu), durante una intervención centrada en la necesidad de impulsar políticas de cohesión más integradas en los “desafíos” derivados del cambio demográfico.

esta renta podría financiarse con cargo al segundo pilar de la PAC, el destinado al desarrollo rural

Ante el público asistente, el responsable político ha incidido en la necesidad de abordar cuestiones como la distribución de impuestos y el desarrollo de nuevos avances en el marco de la corresponsabilidad social.

DIPUTACION DE HUESCA 2Gracia ha insistido en su propuesta de creación de una renta básica agraria que, según ha afirmado, podría financiarse con cargo al segundo pilar de la Política Agraria Comunitaria (PAC), el destinado al desarrollo rural.

El presidente de la DPH ha defendido la articulación de normativas distintas para las zonas rurales y urbanas dadas sus diferencias y necesidades, y ha reclamado una legislación “ad hoc” vinculada a criterios como la orografía, la dispersión o el envejecimiento poblacional”.

Gracia, que ha defendido el papel “fundamental” de la mujer en la gestión de los proyectos de desarrollo rural, ha advertido de que la ciudad de Huesca y su provincia “se necesitan” para impulsar políticas de desarrollo con “perspectivas de futuro”.

En relación a este punto, ha exigido políticas de discriminación positiva hacia el medio rural para favorecer el asentamiento de empresas y de autónomos en el medio rural como la desgravación del IRPF, un tipo reducido de IVA o ajustes en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, ha reclamado por una política de redefinición de los impuestos según el principio de “quien conserva recibe”, que permita un apoyo efectivo a la gestión sostenible de las explotaciones agrarias y forestales.

A este respecto, ha destacado que el 16 por ciento del valor añadido de la economía altoaragonesa proviene del sector agroalimentario, sólo superado por el sector servicios.

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