La distribución teme las sanciones pero defiende ‘las prácticas abusivas’ que ejercen

0
7

    Inicilmente, zse señaló que el Magrama había pedido un informe a la CNC sobre la inclusión en el texto, entre otros aspectos, de la definición de "coste de producción primaria" (CCP), entendido como el valor estadístico de referencia calculado periódicamente por la autoridad competente en base a los costes necesarios para la producción de un producto alimentario sin transformar por parte de un productor primario.  

    En este sentido, la CNC afirma que el cálculo y la publicación de dichos valores (CCP) supone "la uniformidad de precios que, al operar como precio focal, desincentivaría la competencia". Asegura que no queda claro quién es la autoridad competente que ha de elaborar el CPP.

    A su juicio, al establecerse que el precio no podrá ser inferior al coste de producción primaria vigente, "implica introducir un suelo de precios o precio mínimo".

    Sin embargo, fuentes del Ministerio han asegurado que el informe publicado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se refiere a tres proyectos de enmienda que querían realizar diputados del Grupo Popular en el Congreso y que finalmente no presentarán.

   Las mismas fuentes han detallado a Efeagro que el Ministerio solicitó, con carácter previo, un informe sobre dichos proyectos de enmienda. Por ello, han precisado, el informe de la CNC no se pronuncia sobre el Proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, sino sobre dichos proyectos de enmienda.

Sólo habrá un control de los precios cuando haya un "abuso"


    Competencia plantea que atribuir al Observatorio de la Cadena Alimentaria, tal y como recoge el proyecto de ley, la facultad de fijar el CPP cuando existan indicios de abuso de posición de dominio "no es compatible con la normativa europea de competencia".

   "El mecanismo compuesto por estos elementos que se plantean o cualquiera análogos, generaría un grave daño a la competencia", al implicar que los CPP, los determine quien los determine, serían conocidos públicamente por los productores y funcionarían como precio mínimo, añade.

    Según Competencia, estos mecanismos "empeorarían el funcionamiento de la cadena alimentaria y tendrían inevitablemente un efecto negativo sobre los consumidores vía precios, calidad y variedad, tanto a corto como a medio y largo plazo".

Asedas teme que las sanciones rompan "la unidad del mercado"


   
Por su parte, el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha afirmado que comparten los objetivos de la Ley de la Cadena Alimentaria, aunque temen que el régimen sancionador administrativo que incluye "rompa la unidad de mercado".

     García Magarzo ha advertido hoy en una rueda de prensa en la sede de la patronal de la distribución en Madrid que sería "muy arriesgado en el futuro" dejar que las Comunidades Autónomas decidan qué sanciones aplicar en caso de incumplir la ley, lo que daría lugar "a distorsiones y desequilibrios, que es precisamente lo que la ley trata de evitar".

    "El Gobierno es consciente de ese problema y por eso se ha comprometido ha consensuar el régimen de sanciones en sus periódicas reuniones sectoriales con las comunidades, pero nos parece un riesgo a largo plazo para la unidad de mercado", ha subrayado el director general de esta asociación que representa a Consum, DIA, Mercadona y las centrales de compra Euromadi e IFA (y sus miembros asociados).

    Sin embargo, ha lamentado que no se haya valorado, "ni en el proyecto de ley, ni en las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios mayoritarios", ninguna otra fórmula alternativa para vigilar el buen funcionamiento de la ley y penalizar si es preciso.

    "Es muy difícil garantizar sólo con sanciones administrativas el buen funcionamiento de una ley que regulará un sector que mueve un elevado volumen de transacciones comerciales y que supone el 20% del PIB nacional", ha precisado García Magarzo.

    Al margen de esta cuestión, desde Asedas han expresado su conformidad tanto con los objetivos de la ley -"equilibrar las relaciones de la cadena y proteger los eslabones más débiles"-, como con "el ámbito jurídico que regula, al no exigir las mismas obligaciones a una pyme que a una gran industria".

Respaldo al contrato por escrito como eje de la relación comercial


    García Magarzo también se ha mostrado satisfecho con el establecimiento del contrato por escrito como eje central de las relaciones comerciales que se produzcan dentro de la cadena agroalimentaria, un instrumento que "es clave para garantizar la transparencia y el equilibrio".

     Sin embargo, el director general de Asedas ha lamentado que en el transcurso del debate parlamentario de la ley -que cerró la semana pasada su plazo de enmiendas y previsiblemente pasará al Senado a finales de mes- "haya quién ha querido convertirlo en un debate contra las prácticas de la distribución" y "regular los surtidos comerciales de los supermercados".

    "Afortunadamente, ni en la ley ni en las enmiendas de los grupos mayoritarios aparece nada que nos haga pensar que se quieran regular los surtidos comerciales, algo que tampoco sucede en ninguna ley de Europa, ni siquiera la francesa que es la más intervencionista", ha señalado.

Defienden las "prácticas abusivas" de la distribución


    En ese sentido, García Magarzo se ha defendido de "lo que algunos llaman prácticas abusivas de la distribución" a la hora de elegir el surtido de sus productos y ha aclarado que es "la obligación y la responsabilidad" de la distribución seleccionar qué productos vende, lo que, en su opinión, "no quiere decir discriminar unas marcas sobre otras".

     "Por cuestiones de espacio, la distribución tiene que seleccionar su surtido de productos a partir de una oferta excelente de 46.000 referencias alimentarias que nos brindan 31.000 empresas agroalimentarias, 3.000 cooperativas y más de una docena de mercas", ha detallado.

    El director general de Asedas ha puntualizado que "no tiene sentido" que se acuse a la distribución de querer imponer mayores mayores márgenes a las marcas de fabricante que a las propias (marca blanca), ya que "cualquier distribuidor solo quiere vender todos los productos que tiene en el lineal al mejor precio posible".

    "Si el cliente lo encuentra más barato en otro sitio, se irá. En estos momentos, unos céntimos en un brick de leche son cruciales", ha matizado.

     García Magarzo ha resaltado el "tremendo esfuerzo" que el sector de la distribución ha hecho desde los primeros años de la crisis para contener los precios, hasta el punto de que "el índice de precios alimentarios de España está siete puntos inferior al de la UE".

     "Es verdad que aquí la renta per cápita también es más baja, pero el rasgo que nos diferencia de otros países europeos de renta similar, como Italia, es la eficacia y competitividad de la distribución en la cadena alimentaria", ha indicado.