El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio este miércoles 15 luz verde al tratado CETA de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá, a pesar e que cientos de personas se manifestaban a las puertas de la Eurocámara para mostrar su rechazo. El respaldo por la Eurocámara se ha producido con amplia mayoría de 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones.

El Partido Popular Europeo (PPE), los conservadores y reformistas (ECR) y los liberales (ALDE), se han pronunciado a favor, mientras que los socialdemócratas se han dividido (el PSOE ha optado por el sí) y los Verdes y la Izquierda Unitaria, así como las fuerzas euroescépticas, han votado mayoritariamente en contra.

El objetivo del tratado CETA es eliminar barreras arancelarias con Canadá y facilitar el intercambio comercial y de inversiones de bienes y servicios. El acuerdo pretende crear también oportunidades para la agricultura, si bien se han introducido algunas protecciones para indicaciones geográficas sensibles europeas., que no convencen, sin embargo, a todas las organizaciones agrarias.

El tratado CETA, que empezó a negociarse en 2009, no podía aprobarse sin el visto bueno de la Eurocámara, aunque para su aprobación definitiva es necesario que sea ratificado por los parlamentos nacionales, una dificultad añadida en la que confían los grupos contrarios al acuerdo para dificultar su puesta en marcha definitiva.

Rechazo de COAG a este acuerdo por el imjpacto negativo en la agricultira española y en las D.O.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha vuelto a reiterar su oposición rotunda al acuerdo porque pone en peligro el modelo social y profesional de agricultura de la UE y la apuesta estratégica de nuestros agricultores y ganaderos por la calidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente.

En este sentido, COAG considera que igualar la normativa europea con la canadiense en materia de seguridad alimentaria y producción agraria “supondría un retroceso sin precedentes en los derechos de los consumidores, al tiempo que supondría una competencia desleal para nuestros agricultores en base a un modelo de producción como el de Canadá que permite la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en ganado o la utilización del cloro para desinfección de carnes, (sustancias prohibidas desde hace años en la UE por sus perniciosos efectos)”.

Asimismo, insiste en que, según los diversos estudios publicados, su puesta en marcha tendría un impacto especialmente negativo para los productores españoles de carne de vacuno, porcino, leche y cereales, para  el 90% las indicaciones geográficas a nivel europeo con denominación de origen. Además, tendría un fuerte impacto en el medio rural ya que prevé facilitar la privatización de los servicios públicos y prohibir la remunicipalización de los servicios privatizados.

Ante esta votación, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha dejado claro que “ya no vale la equidistancia y los posicionamientos ambiguos. O se está con los ciudadanos y los agricultores europeos o con los intereses especulativos de un puñado de multinacionales agroexportadoras. ¿De verdad quieren nuestros responsables políticos que  los consumidores europeos se traguen anabolizantes y hormonas de crecimiento mientras que un grupo de bróker de fondos de inversión se enriquecen?”.

 

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