La Eurocámara pide que sea obligatorio el origen en los productos cárnicos

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    Para asegurar el respeto de las nuevas normas, creen que los Estados miembros deberían fijar multas por valor, al menos, del doble de las ganancias que se estime que ha obtenido el responsable del fraude, e incluso sanciones de carácter penal cuando se ponga en peligro la salud humana.

    La resolución aprobada pone de relieve que este tipo de fraudes se ven agravados por la complejidad y la naturaleza transfronteriza de la cadena alimentaria, unido a que las inspecciones y las multas que se imponen ahora se limitan al ámbito nacional.

    "El primer problema es la falta de datos comparables (entre países), lo que significa que es difícil hacerse una idea exacta del problema. No obstante, sabemos que estamos hablando de billones de euros. A la delincuencia organizada le está interesando este sector", indicó la ponente del texto, Esther De Lange (PPE).

   La resolución aprobada aboga por una definición de fraude alimentario armonizada en la UE y pide a la Comisión Europea que refuerce la Oficina Alimentaria y Veterinaria, que cree una red europea para combatir los fraudes alimentarios.

Las Cámaras de Comercio no quieren "más normas"


    También pide que se utilicen de manera más extendida las pruebas de ADN y que se lleven a cabo más inspecciones a los productos congelados.

    La Federación de Cámaras de Comercio de la UE (Eurocommerce) ha valorado la resolución en un comunicado, y ha recalcado que el fraude alimentario "también perjudica la reputación de las empresas", ha dicho su director general, Christian Verschueren.

    No obstante, ha considerado que la UE no necesita nuevas normas sino una aplicación más efectiva de las existentes ya que, a su juicio, añadir nuevas disposiciones no evitará el fraude ni aportará un valor añadido al consumidor, sino que creará más problemas en la aplicación práctica y altos costes en la cadena alimentaria.