La Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por LA UNIÓ de Llauradors en relación a la implantación en el campo de variedades de cítricos procedentes de otros países -en este caso la Sigal- antes de pasar, supuestamente, los preceptivos requisitos de análisis y saneamiento en el centro de referencia español en cítricos, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

La Fiscalía indica que tras la denuncia de LA UNIÓ de fecha 22.12.17 se han incoado Diligencias a en virtud de lo dispuesto en los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La UNIÓ denunció porque “es un grave peligro para la sanidad de nuestras explotaciones de cítricos por no tener garantías sanitarias”

LA UNIÓ argumentaba en su denuncia que en el sector citrícola se están adoptando prácticas que podrían vulnerar presuntamente lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal. Estos hechos, presuntamente ilícitos, provocan un claro perjuicio a los agricultores que deben pagar posteriormente elevadas cantidades económicas en concepto de royalties una vez concedida la licencia de explotación de estas variedades y verse obligados a regularizar sus plantaciones.

Pero, sobre todo, LA UNIÓ considera que “es un grave peligro para la sanidad de nuestras explotaciones de cítricos porque son variedades plantadas sin tener las garantías sanitarias, al no haber pasado la cuarentena, pudiendo infestar al resto de plantaciones citrícolas con plagas o enfermedades como por ejemplo el Huanglongbing (HLB) o la Mancha Negra de los Cítricos”. Por todo ello, LA UNIÓ trasladaba los hechos a la Fiscalía “por si pudiesen ser contrarios a la ley y objeto de investigación por parte de la misma”.

Los hechos se remontan a enero de 2017 a raíz de una denuncia de LA UNIÓ sobre la presencia en una parcela del término municipal de Vilavella (Plana Baixa) de una variedad de mandarina de origen israelí, denominada SIGAL. Tras las pertinentes gestiones de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, finalmente se emitió una resolución, tras verificarse que efectivamente que se trataba de la variedad SIGAL, el 14 de junio de ese mismo año, por la que se adoptan las medidas fitosanitarias contempladas en la normativa y se ordenaba la destrucción de las plantaciones.

LA UNIÓ considera este caso de la plantación de Sigal descubierta en la Vilavella como ejemplo de lo que está sucediendo en España e indica que seguirá trabajando para denunciar estos hechos con el objetivo de evitar la entrada de plagas en nuestro territorio.

Ahora, de nuevo, LA UNIÓ ha trasladado otras denuncias de plantaciones supuestamente ilegales de Sigal que han sido plantadas anteriormente al saneamiento de esta variedad por parte del IVIA que recientemente ha entregado el material testado a los viveros autorizados, por lo que es imposible que estén plantadas en parcelas comerciales.

En este sentido el responsable del sector de cítricos de LA UNIÓ de Llauradors, Carles Peris, indica que “pretendemos conocer qué personas o empresas son las responsables de introducir en España material vegetal sin pasar por los correspondientes trámites de saneamiento vegetal porque están poniendo en serio riesgo nuestras plantaciones con la posible entrada de plagas y además suponen un claro agravio comparativo con otras empresas de variedades que sí cumplen con la legislación en materia de sanidad vegetal”.

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