Dos hermanos, A.B.O. y D.B.O., así como una mujer, M.P.V.R., ejercían de socios y administradores solidarios de la mercantil hasta comienzos del año 2010. Además, el marido de esta y primo el segundo de los acusados, F.B.P., participaba activamente en la gestión y operaciones de la bodega, según el ministerio y que publica J. Fraiz en www.farodevigo.es.
Colocaron contraetiquetas que eran copias de las auténticas
Durante el año 2009, o incluso con anterioridad, sospecha el ministerio público, los acusados habrían adquirido "miles de litros de vino blanco y tinto que no reunía los requisitos de calidad" estipulados por el Consello Regulador de la Denominación de Origen de O Ribeiro, una de las cuatro que alberga la provincia. La bodega embotelló el vino a través de las marcas "Real Bantiño", "Viñaribia" y Bantiño".
Amparada en la investigación, la Fiscalía sostiene que los acusados colocaron contraetiquetas consistentes en meras copias o imitaciones de las auténticas que expedía el Consello Regulador, que está personado como acusación particular.
Dos de los principales hipermercados de Galicia adquirieron más de 15.000 botellas de las marcas cuestionadas. En 2009, Froiz adquirió a través de un distribuidor al menos 11.304 botellas de vino de la marca "Real Bantiño". Gadisa compró directamente a Barbantiño S.L. al menos 4.200 botellas de las marcas "Real Bantiño" y "Viñaribia".
El ministerio público considera que los responsables de la sociedad incurrieron en tres presuntos delitos: uso ilegítimo de denominación de origen, falsedad de certificados y estafa con carácter continuado. Los dos primeros delitos, en concurso ideal entre sí y ambos, al mismo tiempo, en concurso medial con el de estafa, según el escrito de calificación de la fiscal del caso.
La acusación pide 3 años de cárcel para los cuatro imputados, así como la prohibición de ejercer toda actividad relacionada con el cultivo, elaboración o comercialización del vino durante el tiempo de la condena. Además, los acusados tendrán que indemnizar a los hipermercados, que se consideran perjudicados por el presunto delito de estafa, con cantidades por determinar.
La Xunta retiró del mercado las falsificaciones
La investigación tuvo su origen en una inspección rutinaria en varios puntos de venta por parte del Servicio de Inspección de la Denominación de Origen Ribeiro el 20 de noviembre de 2009, cuando se recogieron muestras de distintas bodegas para su cata, análisis y comprobación del etiquetado.
A principios de 2010, la Consellería de Medio Rural procedió a la inmovilización y posterior retirada del mercado del vino de la bodega Barbantiño, después de que el Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro presentase la correspondiente denuncia por la presunta falsificación de contraetiquetas para evitar así su comercialización.
En paralelo a la vía penal, que prevalece sobre el cauce administrativo, la Xunta incoó un expediente sancionador a la bodega por una infracción "muy grave" contra la Ley de la Viña y del Vino de 2003. Esta norma de ámbito estatal especifica los importes de las multas, que están comprendidas entre los 30.001 y los 300.000 euros.
(Foto: Archivo)