A todos ellos se les acusará de delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. Esta resolución llega tras las denuncias presentadas tras los seísmos sufridos durante el mes de octubre de 2013, momento en el cual este estamento judicial decidió abrir una investigación respecto a este tema.
La plataforma fue cerrada en septiembre de 2013 tras provocar más de 500 terremotos. El gobierno ha pagado ya una indemnización de 1.400 millones a Escal, la empresa participada mayoritariamente por ACS, por la clausura de la instalación. El PSOE y el gobierno catalán denunciarán ese pago, aunque la Fiscalía de Castellón ha rechazado tramitar una denuncia por ello.
Port su parte, el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha declarado, en relación a la denuncia de la Fiscalía, que "si hay cuestiones punibles o no se ha actuado correctamente, debe investigarse y pedir las responsabilidades correspondientes, tanto a la administración como a la empresa adjudicataria".
En este sentido, Juan ha señalado que "una vez más, se demuestra que el Gobierno ha estado a la altura, paralizando primero el proyecto Castor cuando comenzaron los seísmos e hibernando la instalación e iniciando los trámites para la depuración de responsabilidades".