Jaume Moya / Diputado por Lleida. Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea. Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Lo sucedido el miércoles 19 en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el debate en torno a la Proposición No de Ley presentada por el Esquerra Republicana para endurecer las normas que prohíben la venta a pérdidas en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria es un ejemplo claro del clientelismo a combatir en la práctica de los partidos dentro de las instituciones democráticas.
García Azcárate, consejero de Mercados Agrarios de la Comisión Europea durante muchos años, ya dijo en una ocasión que “comprar leche por debajo de los 45 cts/litro es beber sangre de ganadero”. A estas alturas, es conocido por toda la sociedad el problema de una cadena alimentaria cada vez más concentrada y en la cual determinados actores tienen una posición de dominio y abusan de su poder en perjuicio del eslabón de los agricultores y agricultoras que son obligados a aceptar precios por debajo de los costes de producción, y también de los consumidores que ven como los precios que pagan por productos frescos, son el resultado de multiplicar hasta 10 veces lo que reciben en el eslabón primario. La Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria 12/2013 de 2 de agosto es un buen punto de partida para empezar a actuar sobre este problema, pero desde luego, hay que reforzar y garantizar de manera efectiva su aplicación, introduciendo las mejoras necesarias y adecuadas hasta llegar a tener un instrumento legal como el sector se merece. Para ello, es importante entre otras cosas, reforzar los mecanismos de control y seguimiento.
La propuesta presentada y que se debatía, se centraba en pedir al Gobierno que realizara las modificaciones oportunas para prohibir la venta a pérdidas y las prácticas de competencia desleal por parte de las cadenas distribuidoras y las empresas transformadoras.
La venta a pérdidas es una de las prácticas destructivas que la Ley 12/2013 trata de eliminar y que refiere la venta del producto al público por debajo del precio de adquisición. Esta práctica es muy común en el sector de la distribución y en las cadenas de comercio minorista. El mismo día que en la Comisión trataba el tema, la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) denunciaba un nuevo caso de venta a pérdidas en el sector de la distribución después de detectar que los supermercados Condis venden pollo a 1,59 euros el kilo, es decir, un 27% menos respecto al precio habitual, e informaba de la denuncia interpuesta ante la Agencia de Información y Control Alimentario[1]
La ley de Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria ya establece un régimen sancionador y remite a la Ley de Competencia Desleal que establece que “la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal”. Además, dicha venta a pérdidas ya viene expresamente prohibida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, que la contempla como infracción grave y le impone sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros.
El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, a través de su diputado Jaume Moya, defendió la postura, indicando que lo relevante no sería establecer de nuevo una prohibición de lo ya prohibido, si no, en todo caso, reforzar dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria los sistemas de control, detección y evaluación de todas estas situaciones desleales y aplicar el régimen sancionador oportuno. En coherencia con lo anterior y para atacar de raíz el problema, el grupo propuso la ampliación de las medidas contra las actividades desleales con la prohibición al supuesto de dumping (venta por debajo del precio real), así como otras prácticas de “precio predatorio” utilizadas como reclamo comercial a costa del pequeño y mediano productor, y el fomento de medidas complementarias para conseguir un precio justo tanto para el productor como para el consumidor. Una segunda enmienda, con intención preventiva del abuso, se orientaba a evitar que ninguna empresa pudiera ostentar esta posición dominante, tomando como referencia la cifra del 8% de la cuota de mercado o un múltiplo de sus directos competidores, aconsejada por gran parte de los expertos.
Enunciado esto, en su turno de palabra el Grupo de Ciudadanos comenzó por expresar su intención de apoyar la proposición y proponía introducir dos enmiendas: la primera, de fomento del asociacionismo del sector, y la segunda, muy adecuada por otra parte, dirigida a aumentar las multas de forma que no salgan a cuenta para las grandes empresas del sector poner en práctica la venta a pérdidas. El PSOE, por su parte, comenzó diciendo que emitiría su voto favorable a la PNL, y anunció su intención de presentar otra similar en la Comisión de Economía y Competencia pidiendo el apoyo de los grupos. Nique decir tiene que hablaron de lo injusto que resulta el sistema alimentario, y reconocieron que la ley no está atajando los abusos y que era necesario introducir cambios.
El Grupo Político que hacía la propuesta aceptó todas las enmiendas, y sin embargo en el momento de la votación se produjo el hecho desconcertante. ERC, Grupo Mixto y Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea votamos a favor, y de pronto y sin previo aviso, cautivos tal vez de influencias de más allá de la sala, Ciudadanos y PSOE que habían anunciado su SÍ, cambiaron diametralmente desde lo anunciado y se unieron al PP en el NO a todas y cada una de las medidas propuestas. Resultado final: 10 a favor y 26 en contra.
Todo un ejercicio de hipocresía política y temor reverencial al oligopolio de los grandes lobbies que les sitúa en un escenario de sacrificio del sector agrario en aras de estrategias partidistas y servilismos inconfesables.
[1] “UPA denuncia un nuevo caso de venta a pérdidas de pollo el mismo día que la oposición instaba al gobierno a cambiar la norma” Agroinformación.com. 19.10.2016